En estas fechas, se ha conocido la noticia de que siete Jueces han firmado una carta dirigida al Gobierno, con el fin de plantear los problemas de JUSTICIA y de DESACTUALIZACION que se están produciendo en sus Juzgados, a consecuencia de la aplicación de la Ejecución Hipotecaria.
Una ley que data de tiempos que, socialmente, nada tienen que ver con quienes formaban parte de una hipoteca en el siglo XIX.
Pues ni los hipotecantes, ni los hipotecados hoy día, y desde hace ya mucho tiempo, mantienen las circunstancias y características personales de aquel siglo. Máxime, si analizamos ahora las circunstancias y características de quien se posiciona de ordinario en los Juzgados como acreedor – ejecutante. Esto es, los bancos.
Conocido es por todos, ya no solo la atribución de funciones del personal al servicio de la Administración, sino la ostentación bien diferenciada de los tres poderes. Correspondiendo a los Jueces la interpretación y aplicación de la Ley, y al Legislativo, esto es, a los políticos que han sido elegidos por el “sistema” para ocupar un escaño en las Cortes Generales, les corresponde impulsar y en su caso, aprobar las leyes.
Pues bien, desde estas palabras y desde nuestra humilde influencia, queremos exponer una visión distinta de esta noticia recientemente publicada. Pues esta se ha difundido como un apoyo más a los particulares, plataformas, asociaciones, etc., que vienen manifestando la precariedad en la que se quedan muchas familias, que además de perder la ilusión de su vida de tener una vivienda, se ven en la calle desahuciados y lo que es peor aún, con una deuda de por vida, que frustra su Libertad futura.
Y lo que nosotros queremos resaltar de esta noticia, es un reproche más al poder político. Como una dejación mas de sus obligaciones, cual es la de adaptar las leyes, derogando, modificando o creando las que sean necesarias y que sirvan para corregir estas injusticias sociales, en beneficio de los que más tienen.
No es justificación para oponer a este reproche, como un político diría: “hemos creado el Código de Buenas Prácticas Bancarias”, pues es conocidos por todos la ínfima influencia que ha tenido esta ley para la verdadera solución del problema, por cuanto no obliga al acreedor a nada en tanto se adhieren o no voluntariamente a dicho código.
Lo que a nuestro entender, el famoso Código resulta entrar en el gran problema con medias tintas.
Y, a nuestro entender, no se puede admitir que por parte del poder político, se reciban consejos del poder judicial para que realicen sus tareas legislativas, y hagan lo que es su obligación para con los ciudadanos. Máxime, siendo como es, un problema socialmente tan importante.
Claro está, ninguno de estos ciudadanos políticos se encuentra dentro del segmento social afectado por ello.
Una prueba más de que los políticos están más a su interés personal que al de la sociedad a la que teóricamente dicen que representan, y que tanto les sirve de excusa para acomodarse en sus escaños del hemiciclo, y en los sillones de cuero de sus despachos. Sin mencionar el resto de innumerables prebendas y privilegios injustos que mantienen, por no aburrir y sobre todo, por no exaltar sensibilidades.
Zaballos Abogados
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