Estamos presenciando en este periodo de crisis, cuando por fin los mal educados dueños del mercado han conseguido convertir a éste en un ser despiadado, voraz y descontrolado, cómo los gobiernos están limando hasta el hueso de la dignidad los derechos de los trabajadores. Desde luego, todos conocemos que el sistema político actual está obsoleto y que otro sistema político y económico no solamente es posible, sino también necesario pues el mercado exige que sea firmemente amaestrado y educado en valores morales y sociales.
Los recortes sociales que están acometiendo los políticos bajo el paraguas de la crisis son regresivos y a favor de la indignidad. Una prueba de ello es el Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo. Con esta ley se afirma, simplemente, que es mejor un empleo sin dignidad que no tener empleo.
En la práctica diaria nos encontramos con el incansable mazo del impago que, en una cadena morosa frenética, desemboca en el desempleo último y la quiebra de empresas. La ley actual ampara el trabajo a destajo, subyugado y mal pagado, así como la sumisión, la incertidumbre y el miedo, es decir, todas aquellas lacras que deben ser erradicadas en el ejercicio y desarrollo del trabajo.
Pues bien, el Real Decreto-ley 10/2011 suspende de aplicación lo establecido en el artículo 15.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores pervirtiendo de ese modo la misma esencia del trabajo, y con ello las posibilidades de desarrollo individual y social que tenemos. Esta medida no fomenta más que el empleo indigno, porque el trabajador ya no dispone de la defensa de la ley para mantener su empleo y su dignidad.
El artículo 15.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores estableció en 2006 que adquirirán la condición de fijos aquellos trabajadores que en un plazo de treinta meses hubieran estado contratados durante más de dos años, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas mediante dos o más contratos temporales.
En todo caso el Ejecutivo se nos ha tratado de explicar que esta regla se estableció durante un momento de expansión económica para favorecer la estabilidad en el empleo. Sin embargo, "en la actual coyuntura la regla, lejos de fomentar la contratación indefinida, puede estar produciendo efectos indeseados de no renovación de contratos temporales, lo que afecta de manera negativa al mantenimiento del empleo, lo que aconseja su suspensión temporal.
No podemos olvidar que la norma impone la contratación indefinida como regla general, estableciendo que la temporalidad está sujeta a excepcionalidad. La dignidad se pierde justo en el mismo momento en que el trabajo, en su propia esencia natural estable o permanente, puede ser desnaturalizado unilateralmente. Si esa excepcionalidad ya no es la causa u objeto del contrato temporal, el contrato de trabajo, en estas condiciones, deja de ser un acto bilateral y se convierte en un acto unilateral o impositor cuyo clausulado devendrá en leonino, ya que tácitamente se le impone un yugo al trabajador firmante.
El resultado de esta imposición, a parte de la mencionada pérdida de derechos para el trabajador, no será otro que pan para hoy y hambre para mañana, porque, ¿qué sucederá con los contratos temporales vigentes dentro de dos años cuando se agote el periodo de suspensión de esta norma? Pues, obviamente, más desempleados, porque todos aquellos contratados temporalmente serán cesados. Ahora mismo la empresa tiene vía libre para formalizar todos los contratos en su modalidad temporal, poniendo como fecha de fin el último día de vigencia de la suspensión que establece esta Ley. Y el día en el que finalice el plazo todos esos contratos se extinguirán, con las consabidas pérdidas de empleos. Pero eso no importa a la clase política a la que solamente importan las estadísticas y mucho mejor si son presentes y, en este sentido, el futuro no tiene sentido porque, políticamente hablando, no existe.
Daniel Benito.
Abogado en Madrid
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