De la necesidad de reformas en nuestro “ordenamiento jurídico”.

Con el devenir de los tiempos, se hace necesario, más que nunca, promover de manera conjunta una reforma jurídica que sea no solo adecuada a los tiempos que vivimos, sino también, que cumpla con las necesidades sociales y atendiendo en todo caso, a la singularidad de los tipos delictivos. Por ello y ante la necesidad de cubrir y satisfacer estas cuestiones, se ha producido una notable modificación en el delito fiscal, no solo en cuanto a su pena, que se ha elevado a seis años, sino también, en cuanto al plazo y cómputo de su prescripción (diez años). Con esta noticia nos hemos levantado, de la que se han hecho eco todo los medios de comunicación a nivel tanto nacional como internacional: “El Consejo de Ministros ha elevado la prescripción del delito fiscal a 10 años, desde los cinco actuales, en fraudes sofisticados, es decir, los relacionados con paraísos fiscales o entramados complejos para actividades delictivas”. Asimismo, la pena de cárcel por estos delitos se eleva de cinco a seis años. Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaria, que ha adelantado también que la reforma del Código Penal también incluye la inhabilitación por 10 años de los gestores públicos que oculten o falseen cuentas públicas. La propuesta será presentada por el Ministerio de Justicia y supone una reforma del Código Penal en esta materia, en la que, además, se propone elevar las penas por este tipo de actuaciones ilegales. En la actualidad, el delito fiscal se aplica a partir de una cuota defraudada de 120.000 euros en un mismo ejercicio. Ha sido principalmente, como pasa en todos los delitos, la demanda social la que ha provocado que se lleven a cabo estas medidas, así como otras que se encuentran hoy día en marcha y pendiente de su aprobación, pues se está produciendo, debido principalmente a los medios tecnológicos e informáticos, una sofisticación de la delincuencia en materia fiscal, derivada de las últimas tecnologías existentes a disposición de cualquier ciudadano. Como siempre una vez más, se cumple el dicho de que el delito va por delante. Estas reformas tienen que servir para volver a instaurar el principio fundamental de la seguridad jurídica que deben provenir de las leyes, de cara a conseguir principalmente tranquilidad en la sociedad y resarcimiento a las víctimas de estos tipos de delito. Maria Jesús Peyús. Abogado