Interés del menor y su libre desarrollo, "FAVOR MINORIS"

En los procesos de familia con menores la experiencia que nos da el ejercicio de la profesión nos permite profundizar en el tema de manera menos superficial, es un término que engloba un conjunto de normas que vinculan su cumplimiento a la prevalencia del derecho del menor por encima de sus progenitores en el marco de las relaciones paterno-filiales.
Cuando se plantea un proceso de familia en el que hay menores cuyos intereses han de ser protegidos, las partes centran sus esfuerzos en demostrar quien es la mejor opción para ejercer la guardia y custodia del mismo, estableciéndose una dialéctica sobre los méritos y defectos de uno sobre el otro.
Lo cierto es que lo que prevalece en el momento que hay un menor, es el beneficio del mismo, el cual prima sobre el de los padres y sus vicisitudes, ya que es necesario proteger el libre desarrollo psicosocial del menor y en definitiva su interés y futuro, dejando en un segundo plano las intenciones paternas referentes al menor.
En este punto no sólo es necesario ver la capacidad de cada progenitor en cuanto al interés del menor y su cuidado, sino también es necesario ver el medio donde se desarrolla a diario, el arraigo a su residencia, el idioma, la formación integral, inserción social, la predisposición al acercamiento con el progenitor no custodio, etc.., ya que el menor no sólo se desarrolla con la única influencia del progenitor que ejerza la guarda y custodia sino que además le influye el medio que rodea a este, y la cercanía con el progenitor no custodio que debe resentirse lo menos posible. Es por esto que adquiere gran importancia la mediación familiar, con la que se pretende llegar a un acuerdo en los puntos más conflictivos.
Es decir es necesario analizar el medio en el que se desarrollará de forma habitual el menor a la hora de defender la posición del progenitor, ya que un plan de vida inadecuado puede influir negativamente a los intereses del mismo.
El interés del menor y su libre desarrollo es un objetivo que buscamos todos los abogados en los procesos de familia, en el que Zaballos Abogados es especialista dada la dilatada experiencia de sus profesionales.

Alejandro Berral Lorca
Zaballos Abogados

REFLEXIONES SOBRE LA PRESUNCION DE INOCENCIA

Desde que llevo dedicándome a esta profesión, y más en mi especialidad como abogado penalista, me encuentro siempre con dos conceptos, que ocupan la mayor parte de nuestra defensa en los numerosos procedimientos penales que llevamos a cabo desde Zaballos Abogados.
La primera de ellas, máxima absoluta del Derecho Penal y Principio consagrado en nuestra Constitución Española, es EL PRINCIPIO DE PRESUNCION DE INOCENCIA, o lo que es lo mismo y en términos entendibles, TODO EL MUNDO ES INOCENTE HASTA QUE SE DEMUESTRE LO CONTRARIO. Argumento con mucho peso en el ámbito de la Justicia que cada dia los Juzgados y Tribunales imparten en los procedimientos.
Otro de los principios sobre los que se asienta el Derecho Penal, como argumento de defensa en Juicio que ampara o mejor dicho se solapa con el de Presunción de Inocencia es el famoso IN DUBIO PRO REO, o dicho de otra forma, EN EL CASO DE EXISTIR DUDA SE DEBE FAVORECER AL ACUSADO.
Estos dos principios son prácticamente el alma mater de la lucha diaria en los Tribunales a los que los penalistas nos enfrentamos cada vez que tenemos que representar y defender los derechos y libertades de nuestros clientes, pues son ellos los que nos exigen la mayor de las diligencias en la práctica del Derecho, defendiendo su inocencia o su no culpabilidad.
Por eso desde nuestro despacho y en aras de solucionar los problemas a los que se enfrentan nuestros representados, aplicamos y buscamos siempre la verdad, porque el que está en posesión de la verdad, nada puede temer. Y es más muchas veces nuestro trabajo por no decir siempre, consiste en eso, en AVERIGUAR LA VERDAD, BUSCARLA Y USARLA EN NUESTRAS ESTRATÉGIAS DE DEFENSA. No olvidemos que la razón no se tiene se da, y en los Tribunales, los abogados nos esforzamos cada dia porque esa verdad salga a la luz e impida bien el procesamiento de un inocente o la absolución de un culpable.

Fdo. DANIEL CASILLAS GRECH
ZABALLOS ABOGADOS.

DERECHOS DE AUTOR: INCÓGNITAS TRAS EL CIERRE DEL PORTAL MEGAUPLOAD.

En los últimos días hemos sido testigos directos del cierre por parte del FBI del portal de descargas con mayor tráfico del mundo, Megaupload.
Es un sistema que hasta la fecha permitía a usuarios de distintas partes del mundo intercambiar todo tipo de archivos, ya sea desde películas o música (aspecto que implica mayor problemática en cuanto a los Derechos de autor) hasta fotos personales, trabajos, apuntes, etc. Se puede simplificar afirmando que se trataba del mayor archivador de datos y archivos vía Internet del planeta.
El intercambio de archivos se realiza a través de otras páginas Web o con programas del tipo JDowloader, en las que los usuarios indican o crean vínculos a través de foros a los enlaces obtenidos en Megaupload por la subida de dichos archivos; por lo que podemos entender que será ésta una de las principales líneas de argumentación de la defensa de la compañía, al entender que la misma no puede hacerse responsable del uso o fin que los usuarios den a sus subidas, ni tan siquiera del contenido subido por sus usuarios.
Dicha Web disponía además de un servicio Premium, que reportaba a sus usuarios entre otras ventajas, mayor velocidad de subida y descarga, acceso ilimitado diario, etc. en relación a usuarios que no optaban por este servicio. Es precisamente de este servicio, sin olvidarnos de los beneficios obtenidos directamente de publicidad, lo que ha llevado a su Presidente, Kim Schmitz, alemán residente en Nueva Zelanda, a convertirse en uno de los hombres más ricos no sólo ya de dicho país, sino del Planeta.
Es indudable que esta medida viene de la mano de la expectativa de aprobación por parte del Congreso de los EE.UU. de la Ley SOPA- Stop Online Piracy Act (una normativa muy similar en esencia a su homóloga española “Ley Sinde”), que según sus defensores, tiene como objetivo primordial perseguir y combatir la piratería online; permitiendo al Departamento de Justicia o a los propietarios de derechos intelectuales (productoras, discográficas, editoras, etc.) solicitar e instar que se decreten órdenes judiciales contra aquellas páginas web que estén infringiendo los derechos de autor; llegando a autorizar incluso el cierre definitivo de tales portales.
A la par que opiniones y personalidades en defensa de la reseñada Ley, también ha surgido una ferviente masa de detractores, que se han servido en su mayoría precisamente de la red para lanzar duras críticas a la misma. Este movimiento en contra viene encabezado por el grupo de activistas conocido como “Anonymous”, un grupo heterogéneo de personas repartidas por todo el mundo, que sin un líder u organigrama claro, han llevado a cabo acciones que provocaron la caída de sitios web como la Sociedad General de Autores o el Ministerio de Cultura en España, o más recientemente en protesta por la clausura de Megaupload, el colapso del portal del Departamento de Justicia norteamericano o de Universal Music Group. Asimismo han llevado a cabo manifestaciones, o actos de protesta como lo acontecido en la Gala de los Premios Goya del año pasado, portando sus integrantes en todo momento la tradicional máscara de Guy Fawkes.
Varias preguntas quedan en el aire tras el cierre de Megaupload. ¿Qué suerte correrán el resto de portales de similares características a Megaupload, tipo Fileserve, Wupload, Rapidshare, etc? ¿Qué ocurrirá con los archivos de contenido lícito y privado de los usuarios de Megaupload? ¿Podrán recuperar su dinero aquellas personas que optaron por un servicio Premium?
Y tal vez, la que más inquiete a un jurista, ¿Han de primar los derechos de autor frente al derecho a la privacidad o el derecho a la libertad de expresión?
En las últimas horas se ha conocido la puesta en libertad de dos dirigentes de la web, si bien, su cabeza más visible, sigue arrestado en dependencias policiales.
Así, recomendamos a todos aquellos usuarios que hubieran contado con servicios Premium y deseen recuperar su dinero, que se pongan inmediatamente en manos de asesoramiento especializado para cursar las oportunas reclamaciones como el de ZABALLOS ABOGADOS, que está luchando y defendiendo los derechos de los usuarios de internet ante este tipo de acciones en todo momento, que al final a quien más perjudican es a ellos, aunque sea en pequeñas cantidades. Todas juntas son fortunas que hacen a una persona o entidad rica. En nuestro despacho le damos la posibilidad de llevar a cabo una acción conjunta por el mayor número de afectados, que sin duda alguna desplegaría mayor alcance.INFÓRMESE.



José Luis Calderón Fernández.
Abogado Despacho Illecas.

Zaballos Abogados obtiene una Sentencia más en contra del Abandono Animal

El pasado 29 de Abril del 2011 se dictó sentencia en autos seguidos ante el Juzgado de
Instrucción número 2 de Torrejón de Ardoz, en virtud de la cual, se condena al propietario de dos perros, uno de raza bull terrier y otro mestizo, como AUTOR RESPONSABLE DE UNA FALTA DEL ARTÍCULO 631 DEL CÓDIGO PENAL, a la pena de 25 días de multa con cuota diaria de 10 euros y al pago de una indemnización de 3.176, 78 € por los daños y perjuicios causados.


Los perros del condenado atacaron a dos perras de raza Golden Retriever causando muy graves lesiones a las mismas hasta el punto de necesitar intervención veterinaria urgente.


El artículo 631 del Código Penal establece que los dueños o encargados de la custodia de animales feroces o dañinos que los dejaren sueltos o en condiciones de causar mal serán castigados con la pena de multa de uno a dos meses. Del mismo modo, quienes abandonen a un animal doméstico en condiciones en que pueda peligrar su vida o su integridad serán castigados con la pena de multa de quince días a dos meses.


Esta falta es un tipo penal de simple actividad, es decir, que se considera cometida cuando el propietario del animal lo dejare suelto, sin necesidad de que se de resultado alguno. No obstante, si como consecuencia de dicha infracción se producen lesiones, como es el caso, entra en juego la obligación de resarcir los daños y perjuicios causados, tal y como se establece en el artículo 116 de nuestro Código Penal, motivo por el cual, se condena al dueño de los animales al pago de 3.176, 78 €, por todos los gastos derivados del tratamiento médico precisado para su curación por las dos perras atacadas.


Por último, no debe olvidarse a la hora de calificar qué animales son feroces o dañinos, que el Real Decreto 287/2002, de 22 de Marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de Diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos establece en su Anexo I, una serie de razas, que por su propia naturaleza, son catalogados como tales, estando la primero la raza condenada.


Igualmente en el artículo 8 del mismo, bajo la rúbrica de Medidas de Seguridad, se dispone cómo debe tratarse a éstos animales en espacios públicos, enumerando medidas tales como.


- Se posea la licencia administrativa correspondiente
- Vayan provistos de bozal apropiado para la tipología racial de cada animal
- Deberán ser conducidos y controlados con cadena o correa no extensible de al menos 2 metros.
- No podrá llevarse más de uno de estos perros por persona.
- Este tipo de animales que se encuentren en fincas, casas de campo, chalet, parcela, terraza, patio o cualquier otro lugar delimitado, habrán de estar atados, al nos ser que se encuentren en habitáculos preparados expresamente conforme a la Ley.
- Los criadores, adiestradores y comerciantes de este tipo de animales deberán poseer los medios adecuados.
- La sustracción o pérdida de uno de estos animales, deberá comunicarse al responsable del registro Municipal de animales potencialmente peligrosos en el plazo máximo de 48 horas.




Laura Barrios Rodríguez
Zaballos Abogados-

LA LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR A DEBATE

Actualmente y a raíz de los numerosos casos que han saltado a los medios de comunicación por la repercusión social que ello ha provocado, véase CASO MARI LUZ, CASO SANDRA PALO, y ahora como último referente el CASO MARTA DEL CASTILLO, los profesionales del Derecho y los que no lo son estamos asistiendo a un fenómeno que podemos calificar de EXTRAORDINARIO Y KAFKIANO, cual es el hecho de que uno se pregunta tal y como está ordenada la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que un grupo de menores en compañía de un mayor de edad, tengan en jaque a la sociedad española y lo más grave a los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.


Este letrado como profesional y especialista en Derecho Penal no alcanza a comprender como es posible que no se halla podido dar con el paradero del cuerpo de la menor, de continuar así esta situación la consecuencia de todo ello, va a provocar que el texto legal tenga que ser necesariamente modificado, y es lo que la sociedad está demandando de forma constante.


Otra pregunta que nos hacemos es Porqué un menor que mata o participa en el delito se le conceden más privilegios que una persona con 18 años cumplidos? ¿Qué le diferencia si a la hora de cometer un asesinato o un homicidio sabía perfectamente lo que hacía? Y si esto es así porque no hemos de aplicar la pena equivalente a una persona que lo ha cometido con 18 años. ¿Porqué se le ingresa en un centro de menores? ¿Por qué no debe entrar en prisión? Si tuvo la frialdad de participar en la muerte de un ser inocente, y ocultar pruebas tales como la localización del cuerpo, debemos aplicar en virtud del principio de legalidad el mismo rasero. De no ser así a juicio de este humilde letrado, permitiremos que sigan existiendo y alimentando a estos jóvenes psicópatas que no tienen el más mínimo respeto por la vida, que realicen actos tan reprochables como los que estamos viviendo en nuestros días, siendo conscientes de que la ley está de su lado, o por lo menos les ampara.


Por ello propongo y abogo por una Reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del menor por cuanto se considere la mayoría de edad a los 14 años, y por tanto se apliquen las mismas penas y por ello se les ingrese en centro penitenciario para su total cumplimiento, sólo así podremos evitar que estos menores que actúan al margen de la ley sigan haciéndolo.






Fdo. Daniel Casillas Grech.
ZABALLOS ABOGADOS.

USO INDEBIDO Y ABUSO DEL DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

Es innegable que la Justicia constituye uno de los pilares básicos y fundamentales de nuestro Estado de Derecho. Así, nuestra Carta Magna dispone en su artículo 119 que “La justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.”
Se trata de un derecho prestacional y de configuración legal cuyo contenido y concretas condiciones de ejercicio corresponde delimitar al legislador atendiendo a los intereses públicos y privados implicados y a las concretas disponibilidades presupuestarias.
La justicia gratuita debe reconocerse a quienes no puedan hacer frente a los gastos originados por el proceso (incluidos los honorarios de los Abogados y los derechos arancelarios de los Procuradores, cuando su intervención sea preceptiva o necesaria en atención a las características del caso) sin dejar de atender a sus necesidades vitales y a las de su familia.
Deben sufragarse los gastos procesales a quienes, de exigirse ese pago, se verían en la alternativa de dejar de litigar o poner en peligro el nivel mínimo de subsistencia personal o familiar.
El Tribunal Europeo de derechos Humanos ha tenido ocasión de pronunciarse acerca de este derecho en los casos Airey (sentencia de 9 de octube de 1979) y Pakelli (sentencia de 25 de abril de 1983)
Este precepto constitucional aparece desarrollado en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. Frente a la situación de dispersión existente con anterioridad, la Ley 1/1996 unificó el procedimiento, evitando así tener que acudir a las diferentes leyes reguladoras del procedimiento en cada orden jurisdiccional.
Hasta aquí todo parece correcto, e incluso deseable para un Estado que se define como de Derecho, democrático y que aboga por el bienestar de sus conciudadanos. Dicha Ley se compone de 54 artículos, ocho Disposiciones Adicionales, 1 Transitoria, 1 Derogatoria y 2 Finales.
En cuanto a los requisitos económicos mínimos exigidos, es necesario no obtener unos ingresos, computados anualmente, superiores al doble del SMI fijado en ese momento, es decir, en la actualidad se situaría en 1282,80 euros.
Son las llamadas Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, de ámbito provincial, las competentes para analizar y comprobar que una solicitud cumple o no los requisitos exigidos. Estos organismos fueron creados con el espíritu de no cargar con aún un mayor volumen de trabajo a los ya saturados Juzgados y Tribunales españoles.
Sin embargo, la práctica nos demuestra que dichos Organismos también sufren importantes retrasos; que los profesionales adscritos a este Servicio llevan a cabo “huelgas” para reivindicar una mejor situación profesional, etc…Todo ello redunda en una valoración negativa del Servicio, no sólo por aquellas personas que solicitan su asistencia; sino también por el resto de ciudadanos (incluidos los profesionales que nos dedicamos a este sector) que desde el otro lado de la barrera observamos como en muchas ocasiones las dilaciones indebidas de los procedimientos responden a una acción lenta, no de la propia idiosincrasia de Juzgados y Tribunales, sino a la hora de asignar “abogado de oficio” o conceder este derecho.
Y mayor inquietud nos provoca presenciar como existen ciudadanos que aprovechando esta problemática pretenden dilatar aún más en el tiempo un determinado procedimiento. Que estas líneas sirvan para denunciar tales prácticas; y enviar mi más enérgico rechazo a aquellas personas que hacen un uso pretencioso y ligero de este derecho. Cuando se ventilan intereses tales como que un padre pueda volver a ver tras varios meses de nuevo a su hijo; no debe haber lugar a dudas. Nuestros Tribunales y Juzgados deberían penalizar y perseguir este tipo de conductas.


José Luis Calderón Fernández.
Abogado Despacho Illescas.

MEDIDAS DE AGILIZACION DEL PROCEDIMIENTO DE DESAHUCIO POR FALTA DE PAGO

El próximo 31 de octubre entra en vigor la LEY 37/2011, DE 10 DE OCTUBRE, DE MEDIDAS DE AGILIZACIÓN PROCESAL dictada con la finalidad de aliviar de alguna manera los juzgados de primera instancia mediante la modificación de aquellos procesos que por sus singulares características y simpleza permiten su acortamiento sin merma de la debida tutela judicial efectiva ni indefensión.
Entre los procedimientos afectados se encuentra el llamado JUICIO DE DESAHUCIO POR FALTA DE PAGO DE ARRENDAMIENTOS, el cual a partir de ahora tendrá una tramitación similar a la del juicio monitorio cuya principal característica es que se traslada al demandado la carga “de llegar a juicio” si considera injustificada la reclamación oponiéndose a la misma.
A partir de la modificación, quien pretenda desalojar a su inquilino por no abonar las rentas mensuales deberá presentar en el juzgado una breve demanda donde se indiquen las rentas a reclamar y se solicite el desalojo de la vivienda por el hecho del impago. De dicha demanda, se dará traslado al inquilino mediante un Decreto que contendrá la citación para la celebración de la eventual vista que se pueda celebrar, así como la fecha del lanzamiento del inquilino y cuya notificación podrá dar lugar a diferentes supuestos en función de cómo reaccione el demandado.
Así, nos podemos encontrar que el demandado, dentro de los 10 días desde la notificación de la demanda, pague voluntariamente al propietario consiguiendo con ello la llamada “enervación de la acción”, es decir impedir el desalojo a causa de ponerse al día de las rentas debidas, siempre y cuando no hubiese sido requerido fehacientemente con anterioridad a la demanda, ni hubiese enervado con anterioridad en otro proceso, cuyos casos no podrá librarse el inquilino del desalojo pese al pago. En el caso de que el demandado consiga enervar la acción, del mismo modo que ocurría con anterioridad a la reforma, el procedimiento se archivará sin más trámite.
Por otro lado, puede ocurrir que el demandado desaloje la vivienda voluntariamente antes del lanzamiento pero ni se oponga a la demanda ni pague las rentas debidas. En este caso, el juzgado dictará resolución donde haga constar el desalojo y condene a pagar al propietario las rentas impagadas sin tener que ir a juicio, resolución ésta, que podrá ser ejecutada por el demandante para proceder al embargo de los bienes del demandado para cobrarse las rentas debidas.
A su vez, puede ocurrir que el inquilino ni se oponga, ni desaloje la vivienda ni pague las rentas debidas, en cuyo caso igualmente nos libraremos del juicio dictándose un resolución de condena manteniéndose la fecha del lanzamiento, aunque se exigirá, según la nueva redacción del artículo 440.4 de la LEC, que previamente al lanzamiento el demandante “inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud.”
En consecuencia, la principal ventaja que trae la modificación de la ley, es que las partes únicamente tendrán que acudir a juicio en el supuesto de que el demandado se oponga a la demanda interpuesta por el propietario dentro de los 10 días siguientes a su notificación, lo que sin duda será en el menor de los casos, juicio que estará señalado previamente lo que sin duda alguna permitirá el acortamiento de los tiempos de la justicia.
Tendremos que esperar para ver los resultados de la modificación operada, pero si se consigue la tan ansiada agilidad en el procedimiento de desahucio, sin duda alguna el principal beneficiado será el mercado de alquiler al desaparecer uno de los motivos de desconfianza en el alquiler más comunes entre los propietarios de viviendas vacías.

Pablo Castro Camarero
Zaballos Abogados