Blog de Zaballos Abogados

Zaballos le da las claves de la entrada en vigor de la "Ley Sinde."

2012-03-02T11:38:00.001+01:00

La llamada “Ley Sinde” contra las descargas ilegales se pone en marcha hoy.

La Comisión de la Ley Sinde comienza este jueves, 1 de marzo de 2012, a cumplir su función administrativo-judicial. A partir de ahora cuando alguien considere que una web utiliza sus obras sin permiso puede iniciar un procedimiento ante esta comisión. La comisión resolverá en un plazo mínimo de veinte días y máximo de tres meses el procedimiento que puede llevar a la interrupción del servicio.

La nueva legislación permitirá interrumpir durante un año las páginas que vulneren derechos de propiedad intelectual en Internet a petición del denunciante.

Esta ley cuenta con el aplauso de los autores y la protesta de los internautas que han llegado a recurrir al Tribunal Supremo el Reglamento por el que se rige esta comisión y están a la espera de que se pronuncie sobre este aspecto.

La Comisión incorpora a su labor de mediación y arbitraje, que desarrollaba hasta ahora, una segunda sección que establece un sistema mixto administrativo-judicial contra las páginas que vulneren la propiedad intelectual con ánimo de lucro o que causen o puedan causar un daño al patrimonio.

El procedimiento se inicia mediante trámites de notificación, admisión o no de la solicitud por parte de la comisión a través de un sistema telemático. El denunciante deberá acreditar que esa página tiene ánimo de lucro o puede dañar su patrimonio y deberá identificar al presunto responsable de la web. En caso de que no pueda llevar a cabo esta identificación, el sistema prevé que un juez se encargue de ello, una de las dos ocasiones en las que se contempla la intervención de la Justicia en este procedimiento. La otra es cuando, una vez acreditada por parte de la Comisión la vulneración de la legalidad, la página en cuestión no acceda voluntariamente a retirar los contenidos ilícitos, caso en el que el juez podrá autorizar el cese del servicio. Si la página estuviese alojada en el extranjero, se impedirá que sea vista o consultada por los usuario de internet en España.

Las páginas de enlaces también estarán sujetas a la misma legislación. La Comisión advertirá a estas páginas de que conducen a sitios que vulneran la propiedad intelectual y no podrán alegar, como ocurría hasta ahora, su desconocimiento del hecho.

La Comisión, que no podrá establecer por si misma sanciones o multas, está presidida por el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, está integrada además por vocales de los ministerios de Educación, Cultura y Deportes; Industria, Energía y Turismo; Economía y Competitividad y Presidencia. Sus identidades no han sido dadas a conocer por el momento.

En Zaballos tenemos especialistas en asesorarle sobre este tipo de procedimiento si usted se ve afectado, ya sea como autor que quiere reivindicar su derecho o bien como propietario de una web a la que se le haya notificado una infracción. No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Luis Mª García Grande
Abogado en Zaballos Madrid.

Zaballos Abogados defenderá a Carmen Lomana

2012-02-23T17:44:00.000+01:00

Publicado: 22/02/2012

TODOELLAS.COM

© Joana Morillas

Hacía tiempo que no sabíamos nada del asunto que enfrentó a Carmen Lomana con dos periodistas. Los hechos, que en su día dieron mucho que hablar, ocurrieron en el domicilio de la celebrity, donde acudieron los reporteros para ofrecerle retirar unas fotos en topless a cambio de 30.000 euros. Al menos así lo afirmó Carmen en su momento, además de añadir que obraba una cinta en su poder donde estaba registrada la conversación a tres. "Rubia sí, pero tonta no", comentaba la famosa cuando se le preguntó acerca de su ocurrencia de grabar la reunión.

Carmen está muy contenta desde que ha conocido por medio de su abogada, Emilia Zaballos, que se ha emitido auto de apertura de Juicio Oral contra los demandados. El Ministerio Fiscal solicita para los dos periodistas "la pena de dos años de prisión, con accesoria de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y costas".

Por si lo anterior no fuera suficiente, los demandados deberán depositar una fianza de 10.000 euros de forma conjunta. De momento, se desconoce el Juzgado de lo Penal donde se verá este espinoso asunto que enfrenta a periodistas y famosa.

Carmen Lomana irrumpió en la escena mediática casi por casualidad. Desde entonces, no ha dejado de acaparar titulares. Ella no se arredra ante nada. Lo mismo escribe un libro, que participa en un programa de televisión o asiste a actos públicos.

Aunque muchos la tachan de soberbia, Lomana es muy cariñosa en las distancias cortas. Es de las pocas que da las gracias a los periodistas cuando escriben algo de ella. Su relación con los medios es excelente. Nada que ver con otros famosos que, para que te atiendan, tienes que pedir audiencia.

NOVEDADES FISCALES PARA 2012

2012-02-17T13:14:00.002+01:00

Ya tenemos las primeras medidas adoptadas por el nuevo gobierno, contenidas en el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Este último decreto de medidas que serán aplicadas por ahora , en los próximos 2012 y 2013, junto con todos los anteriores decretos emitidos por el antiguo gobierno, en materia fiscal, por la búsqueda de un sostenimiento económico y tributario ante la cruel situación económica que nos rodea ,nos conduce a una continua inestabilidad en las medidas fiscales, que generan inseguridad jurídica, debido a su escasa planificación y mucha improvisación que en definitiva se traduce en falta de credibilidad fiscal en el contribuyente.
Los altísimos coeficientes de endeudamiento público deben reducirse a niveles más seguros mediante un proceso gradual y continuo. Tanto hacer muy poco como hacer demasiado implica riesgos: un ajuste fiscal insuficiente podría llevar a una pérdida de confianza del mercado y a un agravamiento de la crisis l, lo cual podría continuar destruyendo puestos de trabajo; pero un ajuste excesivo perjudicará al crecimiento de manera directa.
El hecho de que el déficit previsto para 2011 se eleve del 6% al 8% ha justificado una serie de medidas que suponen un recorte del gasto de 8.914 millones de euros y una importante subida de impuestos de 6.275 millones de euros. Medidas que repercuten y son asumidas por el contribuyente debido a una errónea gestión administrativa y estatal y por supuesto un desproporcionado y abusivo gasto de los órganos de la administración pública.
Así hago mención de las últimas medidas fiscales adoptadas;

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

I. MEDIDAS CON EFECTOS DESDE 1 DE ENERO DE 2011

 Deducción por inversión en vivienda habitual

• Se recupera la deducción por inversión en vivienda habitual, con carácter retroactivo al 1 de enero de 2011.
• Las bases máximas de deducción anual se establecen en las siguientes cuantías:
•Para los supuestos de adquisición, construcción, ampliación o rehabilitación:9.040euros.
•Para los supuestos de obras e instalaciones de adecuación por razón de discapacidad: 12.080 euros.

II. MEDIDAS CON EFECTOS DESDE 1 DE ENERO DE 2012

 Gravamen complementario
• En los períodos impositivos 2012 y 2013, la cuota íntegra en el impuesto de la renta de las personas físicas se incrementará en los siguientes importes:
• a) El resultante de aplicar a la base liquidable general los tipos de la siguiente escala ( TABLA I ):

• De acuerdo con lo anterior, y sin perjuicio de los tipos que pudieran aplicar las distintas Comunidades Autónomas dentro las competencias que tienen asignadas, esta modificación supone un incremento del tipo marginal máximo de gravamen del IRPF de hasta el 52%, pudiendo llegar como en Cataluña al máximo del 56%.
• b) El resultante de aplicara la base liquidable del ahorro los tipos de la siguiente escala (TABLA II ):

• Ello supone que los tipos de gravamen para cada uno de los tramos serán del 21%, 25% y 27%, respectivamente.

 Retenciones

• Retenciones por rendimientos del trabajo

Se incrementan en 2012 y 2013 las retenciones por rendimientos del trabajo, que se van a efectuar en las nomina de todo trabajador, según como he marcado en las tabla I.
Los incrementos de las retenciones en las nominas, se realizaran a partir del 1 de febrero del 2012.
Incremento del porcentaje de retención del 35 al 42 por ciento, en rendimientos del trabajo que se perciban por la condición de administradores y miembros de los consejos de administración.

• Retenciones e ingresos a cuenta sobre otros rendimientos

Se aumenta del 19% actual al 21% los porcentajes de retención o ingreso a cuenta derivados de los siguientes rendimientos:
- Capital mobiliario ( dividendos, intereses).
- Premios que se entreguen como consecuencia de la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias.
- Arrendamientos o subarrendamientos de bienes inmuebles urbanos.
- Cesión de derechos de imagen.

 Se prorroga para 2012 la reducción del 20% en el rendimiento neto de las actividades económicas por mantenimiento o creación de empleo para los contribuyentes que ejerzan actividades económicas cuyo importe neto de la cifra de negocios para el conjunto de ellas sea inferior a 5 milones de euros y una plantilla media inferior a 25 empleados.

Impuesto sobre sociedades

• Se mantienen para 2012 los porcentajes vigentes para el cálculo del pago fraccionado; para la modalidad conocida en el apartado 2 del articulo 45 del TRLIS, que este será del 18% y para la modalidad conocida en el apartado 3 del articulo 45 TRLIS,el porcentaje será el resultado de multiplicar por cinco séptimos el tipo de gravamen redondeado por defecto, debiéndose tener en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de la elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011, que incremento el mismo para las empresas con cifra de negocios superiores a 6010121.04 euros.
• Desde el 1 de enero del 2012 se elevan los porcentajes de retención e ingreso a cuenta del 19 al 21 por ciento.
• Se prorroga para el ejercicio 2012, el tipo de gravamen reducido del 20% para PYMES por mantenimiento o creación de empleo, siempre para aquellas empresas cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a cinco millones de euros y plantilla media inferior a 25 empleados, se aplicara un tipo del 20% sobre la base imponible comprendida entre 0 y 300000 euros.
• Se prorroga también para el 2012, la deducción por gastos e inversiones efectuados para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías.

Impuesto sobre la Renta de los no Residentes

• Durante los ejercicios 2012 y 2013 se incrementa el tipo general aplicable a las rentas obtenidas en defecto de tipo específico aplicable, elevándolo del 24% al 24,75%, para los contribuyentes que operen sin establecimiento permanente.
• En cuanto a los contribuyentes que operan en España sin establecimiento permanente, se eleva el tipo aplicable del 19 al 21% a dividendos, intereses y ganancias patrimoniales procedentes de distintas operaciones.
• Por último en concreto para los contribuyentes que operan en España con establecimiento permanente, el tipo complementario aplicable sobre las cuantías transferidas al extranjero con cargo a las rentas del establecimiento permanente se han elevado del 19% al 21%.
Impuesto sobre el valor añadido
• Se amplía hasta el 31 de diciembre del 2012 el tipo reducido del 4% a las entregas de edificios aptos para ser utilizados como vivienda, incluidas hasta dos plazas de garaje y anexos que se transmitan conjuntamente.
Impuestos especiales
• A partir de enero del 2012, se elimina la devolución parcial que se realizaba a los transportistas profesionales ante la reestructuración del régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad.
Impuesto bienes inmuebles
• Con efectos para los periodos impositivos que se inicien en los años 2012 y 2013 se establece un incremento del tipo impositivo del IBI aplicable a los inmuebles urbanos. Este será el establecido en las Ordenanzas de cada uno de los municipios , sin llegar a exceder del 7%.

Destacamos que es intención del gobierno español que estas medidas tengan carácter temporal, en concreto solamente para los ejercicios 2012 y 2013, según ha comunicado el propio gobierno. Veremos si esta “intención” viene a convertirse en una realidad para el ejercicio fiscal 2014.

ZABALLOS ASISTE AL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE EXCELENCIA

2012-02-16T17:33:00.000+01:00

El pasado día 8 de febrero tuve el gusto y el honor de asistir por segunda vez al CONGRESO INTERNACIONAL DE EXCELENCIA, organizado por la Comunidad de Madrid dentro de su programa Madrid Excelente. A través de este programa la Comunidad de Madrid trata de fomentar y reconocer la excelencia en la gestión empresarial, con el fin de impulsar y premiar la competitividad del tejido empresarial.
Este año el título del Congreso era realmente elocuente, “Emprender y Crecer en tiempos difíciles”, con él lo que se pretendía era presentar una serie de historias y claves de éxito, creando así un clima de optimismo y demostrando como ante las mayores adversidades es posible reinventarse y salir adelante.
En primer lugar me gustaría felicitar a Alejandra Polacci, Directora General de Madrid Excelente, por su acierto en la elección de los ponentes, no sólo en cuanto a las personalidades públicas que asistieron, Esperanza Aguirre, Alvaro Uribe, Jose Mª Aznar, Arturo Fernández, sino sobre todo por los empresarios y emprendedores que nos narraron de una forma amena y simpática sus experiencias personales y sus propias historias de éxito y que supieron encandilar y conectar con todo el público asistente. Solamente le pondría dos “peros” a la organización; el primero, el Auditorio de la Mutua Madrileña aún siendo un emplazamiento idóneo para la celebración del Congreso se ha quedado pequeño para la cantidad cada vez mayor de gente interesada en asistir y en segundo lugar, este año la jornada resulto excesivamente larga, fueron casi doce horas intensas pero interesantes para todo aquel que no quería perderse ninguna de las ponencias.
El objetivo fundamental del Congreso se centraba en demostrar que aún ante las mayores adversidades económicas es posible encontrar el éxito y que con esfuerzo e ilusión es posible crecer convirtiendo las crisis en una oportunidad.
De las notas que tome a lo largo del día me gustaría señalar algunas frases que lo dicen todo por si solas y que no necesitan mayor explicación. Primero, me gustaría resaltar el compromiso de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de agilizar y facilitar los trámites burocráticos con el fin de facilitar la innovación y el emprendimiento, fundamentalmente en lo que se refiere a licencias de apertura de nuevos comercios extensible a oficinas. Esperemos que no se quede en meras promesas y que verdaderamente se facilite la creación de nuevos negocios eliminando las tediosas trabas burocráticas fundamentalmente por la pérdida de tiempo y esfuerzo que ello supone. Respecto de las frases, ahí van algunas de ellas:
- Anticípate: se pionero y adáptate
- Equivocarse es aprender, hay que levantarse y seguir, formarse y evolucionar
- Prudencia financiera: invierte lo que tienes no lo que quieres tener
- Reinventarse
- No pienses en ser feliz cuando lo consigas, céntrate en ser feliz mientras lo vas consiguiendo
- Convertir lo ordinario en extraordinario
- Emprender no es inventar, es gestionar a partir de una oportunidad
Para terminar quisiera destacar la Conferencia Magistral de D. Mario Alonso Puig, médico especialista en el cerebro y la inteligencia humana, que fue especialmente divertida y aleccionadora y su ejemplo del tigre de bengala, como siendo el felino más fiero y temible que existe, de cada diez veces que intenta cazar una gacela roja nueve falla, pero aún así no deja de intentarlo una y otra vez: “SEAMOS TODOS TIGRES DE BENGALA”.

Tu Contrato de Asesoramiento Familiar a un precio muy especial

2012-02-14T18:11:00.000+01:00

En Zaballos Abogados queremos cuidar de las relaciones de familia. Por eso te ofrecemos una "Tarifa plana" en asesoramiento. Dispondrás de asesoramiento telefónico con abogados especializados en asuntos de familia (Separaciones, divorcio, custodias compartidas, etc) recibiendo una buena solución rápidamente.
¿A qué esperas para pedírnoslo? Te lo ponemos muy fácil. Llámanos o mándanos un mail y consulta. 902 30 00 20.

EMILIA ZABALLOS INTERCAMBIA IMPRESIONES CON ALVARO URIBE -Ex presidente de Colombia-

2012-02-10T15:33:00.000+01:00

El pasado miércoles 8 de febrero Emilia Zaballos asisitió, como es habitual, a las conferencias del Club S. XXI. En esta ocasión tuvo el placer de saludar e intercambiar impresiones sobre liderazgo, el estado actual de España y Colombia y sobre diversos temas jurídicos con su ex-presidente, el cual era el conferenciante en esta ocasión, D. Alvaro Uribe.

Interés del menor y su libre desarrollo, "FAVOR MINORIS"

2012-01-31T10:35:00.000+01:00

En los procesos de familia con menores la experiencia que nos da el ejercicio de la profesión nos permite profundizar en el tema de manera menos superficial, es un término que engloba un conjunto de normas que vinculan su cumplimiento a la prevalencia del derecho del menor por encima de sus progenitores en el marco de las relaciones paterno-filiales.
Cuando se plantea un proceso de familia en el que hay menores cuyos intereses han de ser protegidos, las partes centran sus esfuerzos en demostrar quien es la mejor opción para ejercer la guardia y custodia del mismo, estableciéndose una dialéctica sobre los méritos y defectos de uno sobre el otro.
Lo cierto es que lo que prevalece en el momento que hay un menor, es el beneficio del mismo, el cual prima sobre el de los padres y sus vicisitudes, ya que es necesario proteger el libre desarrollo psicosocial del menor y en definitiva su interés y futuro, dejando en un segundo plano las intenciones paternas referentes al menor.
En este punto no sólo es necesario ver la capacidad de cada progenitor en cuanto al interés del menor y su cuidado, sino también es necesario ver el medio donde se desarrolla a diario, el arraigo a su residencia, el idioma, la formación integral, inserción social, la predisposición al acercamiento con el progenitor no custodio, etc.., ya que el menor no sólo se desarrolla con la única influencia del progenitor que ejerza la guarda y custodia sino que además le influye el medio que rodea a este, y la cercanía con el progenitor no custodio que debe resentirse lo menos posible. Es por esto que adquiere gran importancia la mediación familiar, con la que se pretende llegar a un acuerdo en los puntos más conflictivos.
Es decir es necesario analizar el medio en el que se desarrollará de forma habitual el menor a la hora de defender la posición del progenitor, ya que un plan de vida inadecuado puede influir negativamente a los intereses del mismo.
El interés del menor y su libre desarrollo es un objetivo que buscamos todos los abogados en los procesos de familia, en el que Zaballos Abogados es especialista dada la dilatada experiencia de sus profesionales.

Alejandro Berral Lorca
Zaballos Abogados

REFLEXIONES SOBRE LA PRESUNCION DE INOCENCIA

2012-01-26T17:35:00.003+01:00

Desde que llevo dedicándome a esta profesión, y más en mi especialidad como abogado penalista, me encuentro siempre con dos conceptos, que ocupan la mayor parte de nuestra defensa en los numerosos procedimientos penales que llevamos a cabo desde Zaballos Abogados.
La primera de ellas, máxima absoluta del Derecho Penal y Principio consagrado en nuestra Constitución Española, es EL PRINCIPIO DE PRESUNCION DE INOCENCIA, o lo que es lo mismo y en términos entendibles, TODO EL MUNDO ES INOCENTE HASTA QUE SE DEMUESTRE LO CONTRARIO. Argumento con mucho peso en el ámbito de la Justicia que cada dia los Juzgados y Tribunales imparten en los procedimientos.
Otro de los principios sobre los que se asienta el Derecho Penal, como argumento de defensa en Juicio que ampara o mejor dicho se solapa con el de Presunción de Inocencia es el famoso IN DUBIO PRO REO, o dicho de otra forma, EN EL CASO DE EXISTIR DUDA SE DEBE FAVORECER AL ACUSADO.
Estos dos principios son prácticamente el alma mater de la lucha diaria en los Tribunales a los que los penalistas nos enfrentamos cada vez que tenemos que representar y defender los derechos y libertades de nuestros clientes, pues son ellos los que nos exigen la mayor de las diligencias en la práctica del Derecho, defendiendo su inocencia o su no culpabilidad.
Por eso desde nuestro despacho y en aras de solucionar los problemas a los que se enfrentan nuestros representados, aplicamos y buscamos siempre la verdad, porque el que está en posesión de la verdad, nada puede temer. Y es más muchas veces nuestro trabajo por no decir siempre, consiste en eso, en AVERIGUAR LA VERDAD, BUSCARLA Y USARLA EN NUESTRAS ESTRATÉGIAS DE DEFENSA. No olvidemos que la razón no se tiene se da, y en los Tribunales, los abogados nos esforzamos cada dia porque esa verdad salga a la luz e impida bien el procesamiento de un inocente o la absolución de un culpable.

Fdo. DANIEL CASILLAS GRECH
ZABALLOS ABOGADOS.

DERECHOS DE AUTOR: INCÓGNITAS TRAS EL CIERRE DEL PORTAL MEGAUPLOAD.

2012-01-26T17:34:00.002+01:00

En los últimos días hemos sido testigos directos del cierre por parte del FBI del portal de descargas con mayor tráfico del mundo, Megaupload.
Es un sistema que hasta la fecha permitía a usuarios de distintas partes del mundo intercambiar todo tipo de archivos, ya sea desde películas o música (aspecto que implica mayor problemática en cuanto a los Derechos de autor) hasta fotos personales, trabajos, apuntes, etc. Se puede simplificar afirmando que se trataba del mayor archivador de datos y archivos vía Internet del planeta.
El intercambio de archivos se realiza a través de otras páginas Web o con programas del tipo JDowloader, en las que los usuarios indican o crean vínculos a través de foros a los enlaces obtenidos en Megaupload por la subida de dichos archivos; por lo que podemos entender que será ésta una de las principales líneas de argumentación de la defensa de la compañía, al entender que la misma no puede hacerse responsable del uso o fin que los usuarios den a sus subidas, ni tan siquiera del contenido subido por sus usuarios.
Dicha Web disponía además de un servicio Premium, que reportaba a sus usuarios entre otras ventajas, mayor velocidad de subida y descarga, acceso ilimitado diario, etc. en relación a usuarios que no optaban por este servicio. Es precisamente de este servicio, sin olvidarnos de los beneficios obtenidos directamente de publicidad, lo que ha llevado a su Presidente, Kim Schmitz, alemán residente en Nueva Zelanda, a convertirse en uno de los hombres más ricos no sólo ya de dicho país, sino del Planeta.
Es indudable que esta medida viene de la mano de la expectativa de aprobación por parte del Congreso de los EE.UU. de la Ley SOPA- Stop Online Piracy Act (una normativa muy similar en esencia a su homóloga española “Ley Sinde”), que según sus defensores, tiene como objetivo primordial perseguir y combatir la piratería online; permitiendo al Departamento de Justicia o a los propietarios de derechos intelectuales (productoras, discográficas, editoras, etc.) solicitar e instar que se decreten órdenes judiciales contra aquellas páginas web que estén infringiendo los derechos de autor; llegando a autorizar incluso el cierre definitivo de tales portales.
A la par que opiniones y personalidades en defensa de la reseñada Ley, también ha surgido una ferviente masa de detractores, que se han servido en su mayoría precisamente de la red para lanzar duras críticas a la misma. Este movimiento en contra viene encabezado por el grupo de activistas conocido como “Anonymous”, un grupo heterogéneo de personas repartidas por todo el mundo, que sin un líder u organigrama claro, han llevado a cabo acciones que provocaron la caída de sitios web como la Sociedad General de Autores o el Ministerio de Cultura en España, o más recientemente en protesta por la clausura de Megaupload, el colapso del portal del Departamento de Justicia norteamericano o de Universal Music Group. Asimismo han llevado a cabo manifestaciones, o actos de protesta como lo acontecido en la Gala de los Premios Goya del año pasado, portando sus integrantes en todo momento la tradicional máscara de Guy Fawkes.
Varias preguntas quedan en el aire tras el cierre de Megaupload. ¿Qué suerte correrán el resto de portales de similares características a Megaupload, tipo Fileserve, Wupload, Rapidshare, etc? ¿Qué ocurrirá con los archivos de contenido lícito y privado de los usuarios de Megaupload? ¿Podrán recuperar su dinero aquellas personas que optaron por un servicio Premium?
Y tal vez, la que más inquiete a un jurista, ¿Han de primar los derechos de autor frente al derecho a la privacidad o el derecho a la libertad de expresión?
En las últimas horas se ha conocido la puesta en libertad de dos dirigentes de la web, si bien, su cabeza más visible, sigue arrestado en dependencias policiales.
Así, recomendamos a todos aquellos usuarios que hubieran contado con servicios Premium y deseen recuperar su dinero, que se pongan inmediatamente en manos de asesoramiento especializado para cursar las oportunas reclamaciones como el de ZABALLOS ABOGADOS, que está luchando y defendiendo los derechos de los usuarios de internet ante este tipo de acciones en todo momento, que al final a quien más perjudican es a ellos, aunque sea en pequeñas cantidades. Todas juntas son fortunas que hacen a una persona o entidad rica. En nuestro despacho le damos la posibilidad de llevar a cabo una acción conjunta por el mayor número de afectados, que sin duda alguna desplegaría mayor alcance.INFÓRMESE.

José Luis Calderón Fernández.
Abogado Despacho Illecas.

ZABALLOS ABOGADOS GANA OTRA SENTENCIA CONTRA EL BBVA POR UN SWAP

2012-01-04T17:22:00.001+01:00

Zaballos Abogados obtiene, en el procedimiento ordinario 555/2010, seguido en el Juzgado de 1ª Instancia n. º 1 de Illescas, otra nueva resolución favorable contra el BBVA por un producto financiero denominado Swap.

Un Swap es un contrato financiero por el cual las partes se comprometen a intercambiar una serie de cantidades futuras en base a un tipo de interés denominado IRS (Interest Rate Swap.). Como viene estableciendo nuestra Jurisprudencia, se trata de un contrato que el banco define como una cobertura de tipos de interés, que si bien inicialmente resulta sencillo, se va tomando complejo a medida que se van introduciendo nuevos elementos.

En la Sentencia dictada con fecha de 9 Diciembre del 2011, se establece que “existe una claro incumplimiento por parte de la Entidad financiera de sus obligaciones en materia de transparencia y diligencia, lo que conllevó un consentimiento no informado y, por tanto, viciado, existiendo un claro vicio de consentimiento por causa de error en el objeto, lo que determina su nulidad…”.

En base a dichos parámetros termina la Sentencia declarando nulo el contrato celebrado entre las partes, dejando sin efecto las liquidaciones trimestrales practicadas por la Entidad Bancaria, con la obligación de restituirse recíprocamente las cantidades percibidas, junto con los intereses legales devengados desde la fecha de cada uno de los pagos, así como al pago de las costas procesales por la Entidad Bancaria.

CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DE LAS FRANQUICIAS SOCIEDAD D.I.A. S.A.

2011-11-25T15:46:00.000+01:00

Zaballos Abogados está representando a numerosos afectados en el ámbito nacional con relación a los franquiciados de la sociedad DIA S.A. La gravedad de la situación es tal que consideramos necesaria la actuación conjunta y masiva de todos los que pudieran estar afectados para obtener una solución justa. Por ello hemos creado una Asociación en defensa de los perjudicados y para el estudio de la interposición de posibles acciones, judiciales y extrajudiciales, a las que puedan adherirse.
Contacte con nosotros para más información a través de nuestro teléfono o formulario web.

Zaballos Abogados obtiene una Sentencia más en contra del Abandono Animal

2011-11-24T13:41:00.000+01:00

El pasado 29 de Abril del 2011 se dictó sentencia en autos seguidos ante el Juzgado de
Instrucción número 2 de Torrejón de Ardoz, en virtud de la cual, se condena al propietario de dos perros, uno de raza bull terrier y otro mestizo, como AUTOR RESPONSABLE DE UNA FALTA DEL ARTÍCULO 631 DEL CÓDIGO PENAL, a la pena de 25 días de multa con cuota diaria de 10 euros y al pago de una indemnización de 3.176, 78 € por los daños y perjuicios causados.

Los perros del condenado atacaron a dos perras de raza Golden Retriever causando muy graves lesiones a las mismas hasta el punto de necesitar intervención veterinaria urgente.

El artículo 631 del Código Penal establece que los dueños o encargados de la custodia de animales feroces o dañinos que los dejaren sueltos o en condiciones de causar mal serán castigados con la pena de multa de uno a dos meses. Del mismo modo, quienes abandonen a un animal doméstico en condiciones en que pueda peligrar su vida o su integridad serán castigados con la pena de multa de quince días a dos meses.

Esta falta es un tipo penal de simple actividad, es decir, que se considera cometida cuando el propietario del animal lo dejare suelto, sin necesidad de que se de resultado alguno. No obstante, si como consecuencia de dicha infracción se producen lesiones, como es el caso, entra en juego la obligación de resarcir los daños y perjuicios causados, tal y como se establece en el artículo 116 de nuestro Código Penal, motivo por el cual, se condena al dueño de los animales al pago de 3.176, 78 €, por todos los gastos derivados del tratamiento médico precisado para su curación por las dos perras atacadas.

Por último, no debe olvidarse a la hora de calificar qué animales son feroces o dañinos, que el Real Decreto 287/2002, de 22 de Marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de Diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos establece en su Anexo I, una serie de razas, que por su propia naturaleza, son catalogados como tales, estando la primero la raza condenada.

Igualmente en el artículo 8 del mismo, bajo la rúbrica de Medidas de Seguridad, se dispone cómo debe tratarse a éstos animales en espacios públicos, enumerando medidas tales como.

- Se posea la licencia administrativa correspondiente
- Vayan provistos de bozal apropiado para la tipología racial de cada animal
- Deberán ser conducidos y controlados con cadena o correa no extensible de al menos 2 metros.
- No podrá llevarse más de uno de estos perros por persona.
- Este tipo de animales que se encuentren en fincas, casas de campo, chalet, parcela, terraza, patio o cualquier otro lugar delimitado, habrán de estar atados, al nos ser que se encuentren en habitáculos preparados expresamente conforme a la Ley.
- Los criadores, adiestradores y comerciantes de este tipo de animales deberán poseer los medios adecuados.
- La sustracción o pérdida de uno de estos animales, deberá comunicarse al responsable del registro Municipal de animales potencialmente peligrosos en el plazo máximo de 48 horas.

Laura Barrios Rodríguez
Zaballos Abogados-

LA LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR A DEBATE

2011-11-22T17:47:00.000+01:00

Actualmente y a raíz de los numerosos casos que han saltado a los medios de comunicación por la repercusión social que ello ha provocado, véase CASO MARI LUZ, CASO SANDRA PALO, y ahora como último referente el CASO MARTA DEL CASTILLO, los profesionales del Derecho y los que no lo son estamos asistiendo a un fenómeno que podemos calificar de EXTRAORDINARIO Y KAFKIANO, cual es el hecho de que uno se pregunta tal y como está ordenada la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que un grupo de menores en compañía de un mayor de edad, tengan en jaque a la sociedad española y lo más grave a los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Este letrado como profesional y especialista en Derecho Penal no alcanza a comprender como es posible que no se halla podido dar con el paradero del cuerpo de la menor, de continuar así esta situación la consecuencia de todo ello, va a provocar que el texto legal tenga que ser necesariamente modificado, y es lo que la sociedad está demandando de forma constante.

Otra pregunta que nos hacemos es Porqué un menor que mata o participa en el delito se le conceden más privilegios que una persona con 18 años cumplidos? ¿Qué le diferencia si a la hora de cometer un asesinato o un homicidio sabía perfectamente lo que hacía? Y si esto es así porque no hemos de aplicar la pena equivalente a una persona que lo ha cometido con 18 años. ¿Porqué se le ingresa en un centro de menores? ¿Por qué no debe entrar en prisión? Si tuvo la frialdad de participar en la muerte de un ser inocente, y ocultar pruebas tales como la localización del cuerpo, debemos aplicar en virtud del principio de legalidad el mismo rasero. De no ser así a juicio de este humilde letrado, permitiremos que sigan existiendo y alimentando a estos jóvenes psicópatas que no tienen el más mínimo respeto por la vida, que realicen actos tan reprochables como los que estamos viviendo en nuestros días, siendo conscientes de que la ley está de su lado, o por lo menos les ampara.

Por ello propongo y abogo por una Reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del menor por cuanto se considere la mayoría de edad a los 14 años, y por tanto se apliquen las mismas penas y por ello se les ingrese en centro penitenciario para su total cumplimiento, sólo así podremos evitar que estos menores que actúan al margen de la ley sigan haciéndolo.

Fdo. Daniel Casillas Grech.
ZABALLOS ABOGADOS.

USO INDEBIDO Y ABUSO DEL DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

2011-11-22T17:43:00.002+01:00

Es innegable que la Justicia constituye uno de los pilares básicos y fundamentales de nuestro Estado de Derecho. Así, nuestra Carta Magna dispone en su artículo 119 que “La justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.”
Se trata de un derecho prestacional y de configuración legal cuyo contenido y concretas condiciones de ejercicio corresponde delimitar al legislador atendiendo a los intereses públicos y privados implicados y a las concretas disponibilidades presupuestarias.
La justicia gratuita debe reconocerse a quienes no puedan hacer frente a los gastos originados por el proceso (incluidos los honorarios de los Abogados y los derechos arancelarios de los Procuradores, cuando su intervención sea preceptiva o necesaria en atención a las características del caso) sin dejar de atender a sus necesidades vitales y a las de su familia.
Deben sufragarse los gastos procesales a quienes, de exigirse ese pago, se verían en la alternativa de dejar de litigar o poner en peligro el nivel mínimo de subsistencia personal o familiar.
El Tribunal Europeo de derechos Humanos ha tenido ocasión de pronunciarse acerca de este derecho en los casos Airey (sentencia de 9 de octube de 1979) y Pakelli (sentencia de 25 de abril de 1983)
Este precepto constitucional aparece desarrollado en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. Frente a la situación de dispersión existente con anterioridad, la Ley 1/1996 unificó el procedimiento, evitando así tener que acudir a las diferentes leyes reguladoras del procedimiento en cada orden jurisdiccional.
Hasta aquí todo parece correcto, e incluso deseable para un Estado que se define como de Derecho, democrático y que aboga por el bienestar de sus conciudadanos. Dicha Ley se compone de 54 artículos, ocho Disposiciones Adicionales, 1 Transitoria, 1 Derogatoria y 2 Finales.
En cuanto a los requisitos económicos mínimos exigidos, es necesario no obtener unos ingresos, computados anualmente, superiores al doble del SMI fijado en ese momento, es decir, en la actualidad se situaría en 1282,80 euros.
Son las llamadas Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, de ámbito provincial, las competentes para analizar y comprobar que una solicitud cumple o no los requisitos exigidos. Estos organismos fueron creados con el espíritu de no cargar con aún un mayor volumen de trabajo a los ya saturados Juzgados y Tribunales españoles.
Sin embargo, la práctica nos demuestra que dichos Organismos también sufren importantes retrasos; que los profesionales adscritos a este Servicio llevan a cabo “huelgas” para reivindicar una mejor situación profesional, etc…Todo ello redunda en una valoración negativa del Servicio, no sólo por aquellas personas que solicitan su asistencia; sino también por el resto de ciudadanos (incluidos los profesionales que nos dedicamos a este sector) que desde el otro lado de la barrera observamos como en muchas ocasiones las dilaciones indebidas de los procedimientos responden a una acción lenta, no de la propia idiosincrasia de Juzgados y Tribunales, sino a la hora de asignar “abogado de oficio” o conceder este derecho.
Y mayor inquietud nos provoca presenciar como existen ciudadanos que aprovechando esta problemática pretenden dilatar aún más en el tiempo un determinado procedimiento. Que estas líneas sirvan para denunciar tales prácticas; y enviar mi más enérgico rechazo a aquellas personas que hacen un uso pretencioso y ligero de este derecho. Cuando se ventilan intereses tales como que un padre pueda volver a ver tras varios meses de nuevo a su hijo; no debe haber lugar a dudas. Nuestros Tribunales y Juzgados deberían penalizar y perseguir este tipo de conductas.

José Luis Calderón Fernández.
Abogado Despacho Illescas.

MEDIDAS DE AGILIZACION DEL PROCEDIMIENTO DE DESAHUCIO POR FALTA DE PAGO

2011-11-03T09:30:00.001+01:00

El próximo 31 de octubre entra en vigor la LEY 37/2011, DE 10 DE OCTUBRE, DE MEDIDAS DE AGILIZACIÓN PROCESAL dictada con la finalidad de aliviar de alguna manera los juzgados de primera instancia mediante la modificación de aquellos procesos que por sus singulares características y simpleza permiten su acortamiento sin merma de la debida tutela judicial efectiva ni indefensión.
Entre los procedimientos afectados se encuentra el llamado JUICIO DE DESAHUCIO POR FALTA DE PAGO DE ARRENDAMIENTOS, el cual a partir de ahora tendrá una tramitación similar a la del juicio monitorio cuya principal característica es que se traslada al demandado la carga “de llegar a juicio” si considera injustificada la reclamación oponiéndose a la misma.
A partir de la modificación, quien pretenda desalojar a su inquilino por no abonar las rentas mensuales deberá presentar en el juzgado una breve demanda donde se indiquen las rentas a reclamar y se solicite el desalojo de la vivienda por el hecho del impago. De dicha demanda, se dará traslado al inquilino mediante un Decreto que contendrá la citación para la celebración de la eventual vista que se pueda celebrar, así como la fecha del lanzamiento del inquilino y cuya notificación podrá dar lugar a diferentes supuestos en función de cómo reaccione el demandado.
Así, nos podemos encontrar que el demandado, dentro de los 10 días desde la notificación de la demanda, pague voluntariamente al propietario consiguiendo con ello la llamada “enervación de la acción”, es decir impedir el desalojo a causa de ponerse al día de las rentas debidas, siempre y cuando no hubiese sido requerido fehacientemente con anterioridad a la demanda, ni hubiese enervado con anterioridad en otro proceso, cuyos casos no podrá librarse el inquilino del desalojo pese al pago. En el caso de que el demandado consiga enervar la acción, del mismo modo que ocurría con anterioridad a la reforma, el procedimiento se archivará sin más trámite.
Por otro lado, puede ocurrir que el demandado desaloje la vivienda voluntariamente antes del lanzamiento pero ni se oponga a la demanda ni pague las rentas debidas. En este caso, el juzgado dictará resolución donde haga constar el desalojo y condene a pagar al propietario las rentas impagadas sin tener que ir a juicio, resolución ésta, que podrá ser ejecutada por el demandante para proceder al embargo de los bienes del demandado para cobrarse las rentas debidas.
A su vez, puede ocurrir que el inquilino ni se oponga, ni desaloje la vivienda ni pague las rentas debidas, en cuyo caso igualmente nos libraremos del juicio dictándose un resolución de condena manteniéndose la fecha del lanzamiento, aunque se exigirá, según la nueva redacción del artículo 440.4 de la LEC, que previamente al lanzamiento el demandante “inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud.”
En consecuencia, la principal ventaja que trae la modificación de la ley, es que las partes únicamente tendrán que acudir a juicio en el supuesto de que el demandado se oponga a la demanda interpuesta por el propietario dentro de los 10 días siguientes a su notificación, lo que sin duda será en el menor de los casos, juicio que estará señalado previamente lo que sin duda alguna permitirá el acortamiento de los tiempos de la justicia.
Tendremos que esperar para ver los resultados de la modificación operada, pero si se consigue la tan ansiada agilidad en el procedimiento de desahucio, sin duda alguna el principal beneficiado será el mercado de alquiler al desaparecer uno de los motivos de desconfianza en el alquiler más comunes entre los propietarios de viviendas vacías.

Pablo Castro Camarero
Zaballos Abogados

Con la crisis económica. SOMOS MÁS BARATOS

2011-10-26T18:32:00.000+02:00

Como ustedes sabrán, la crisis económica mundial que nos está afectando ha provocado que el gasto en bienes y servicios, tanto de particulares como de empresas, se haya reducido considerablemente intentando paliar los efectos de esa recesión económica que todos hemos sufrido de una u otra manera.

Así que viajamos menos, salimos menos, nos tomamos menos copas, el empresario reduce plantilla, también gastos en proveedores, regateamos a la mínima que nos dejan y apretamos el puño todo lo que podemos.

Cuando le dices a alguien que eres abogado lo primero que te contesta es que “ahora estaréis ganando más que nunca con tanto despido y situaciones concursales, etc.“. Y la verdad es que es completamente incierto, ya que nosotros minutamos según una escala y en función de la cuantía debatida en el asunto. Es decir: como el bien o el objeto que se discute tienen menos valor ahora que hace dos o tres años, cuando comenzó la crisis, nuestra minuta irá en función de eso, con lo que ganamos, consecuentemente, mucho menos, ya que los precios de la escala del colegio no se pueden actualizar porque no son fijos; simplemente se aplica dicha escala. Así, por ejemplo, para las herencias se toma como referencia para minutar el valor de la masa hereditaria; para las negociaciones, tanto judiciales como extrajudiciales, pasa lo mismo: se aplica la escala. Teniendo en cuenta la depreciación del valor de las cosas que ha tenido lugar en los últimos tiempos, se minuta por menos cantidad, lo cual también nos hace más asequibles.

Asimismo, en estos momentos es más difícil cobrar. Todos sabemos que la gestión de impagados es una de las tareas que más quebraderos de cabeza ocasiona a las empresas, y nosotros, como tales, también la sufrimos a diario, con gran cantidad de dinero “en el aire” bastante difícil de cobrar.

Es muy duro comprobar igualmente que hay temas muy importantes para los clientes, para su vida, para su empresa, que se quedan parados o incluso ni se llegan a instar, puesto que no pueden asumir el pago de una primera provisión de fondos para comenzar a solucionarlos.

Aun así, en ZABALLOS ABOGADOS intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible, pues de eso se trata, de intentar superar la crisis entre todos poniendo cada uno un poquito de nuestra parte.

LEYES REGRESIVAS

2011-10-25T10:35:00.000+02:00

Estamos presenciando en este periodo de crisis, cuando por fin los mal educados dueños del mercado han conseguido convertir a éste en un ser despiadado, voraz y descontrolado, cómo los gobiernos están limando hasta el hueso de la dignidad los derechos de los trabajadores. Desde luego, todos conocemos que el sistema político actual está obsoleto y que otro sistema político y económico no solamente es posible, sino también necesario pues el mercado exige que sea firmemente amaestrado y educado en valores morales y sociales.

Los recortes sociales que están acometiendo los políticos bajo el paraguas de la crisis son regresivos y a favor de la indignidad. Una prueba de ello es el Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo. Con esta ley se afirma, simplemente, que es mejor un empleo sin dignidad que no tener empleo.

En la práctica diaria nos encontramos con el incansable mazo del impago que, en una cadena morosa frenética, desemboca en el desempleo último y la quiebra de empresas. La ley actual ampara el trabajo a destajo, subyugado y mal pagado, así como la sumisión, la incertidumbre y el miedo, es decir, todas aquellas lacras que deben ser erradicadas en el ejercicio y desarrollo del trabajo.

Pues bien, el Real Decreto-ley 10/2011 suspende de aplicación lo establecido en el artículo 15.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores pervirtiendo de ese modo la misma esencia del trabajo, y con ello las posibilidades de desarrollo individual y social que tenemos. Esta medida no fomenta más que el empleo indigno, porque el trabajador ya no dispone de la defensa de la ley para mantener su empleo y su dignidad.

El artículo 15.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores estableció en 2006 que adquirirán la condición de fijos aquellos trabajadores que en un plazo de treinta meses hubieran estado contratados durante más de dos años, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas mediante dos o más contratos temporales.

En todo caso el Ejecutivo se nos ha tratado de explicar que esta regla se estableció durante un momento de expansión económica para favorecer la estabilidad en el empleo. Sin embargo, "en la actual coyuntura la regla, lejos de fomentar la contratación indefinida, puede estar produciendo efectos indeseados de no renovación de contratos temporales, lo que afecta de manera negativa al mantenimiento del empleo, lo que aconseja su suspensión temporal.

No podemos olvidar que la norma impone la contratación indefinida como regla general, estableciendo que la temporalidad está sujeta a excepcionalidad. La dignidad se pierde justo en el mismo momento en que el trabajo, en su propia esencia natural estable o permanente, puede ser desnaturalizado unilateralmente. Si esa excepcionalidad ya no es la causa u objeto del contrato temporal, el contrato de trabajo, en estas condiciones, deja de ser un acto bilateral y se convierte en un acto unilateral o impositor cuyo clausulado devendrá en leonino, ya que tácitamente se le impone un yugo al trabajador firmante.

El resultado de esta imposición, a parte de la mencionada pérdida de derechos para el trabajador, no será otro que pan para hoy y hambre para mañana, porque, ¿qué sucederá con los contratos temporales vigentes dentro de dos años cuando se agote el periodo de suspensión de esta norma? Pues, obviamente, más desempleados, porque todos aquellos contratados temporalmente serán cesados. Ahora mismo la empresa tiene vía libre para formalizar todos los contratos en su modalidad temporal, poniendo como fecha de fin el último día de vigencia de la suspensión que establece esta Ley. Y el día en el que finalice el plazo todos esos contratos se extinguirán, con las consabidas pérdidas de empleos. Pero eso no importa a la clase política a la que solamente importan las estadísticas y mucho mejor si son presentes y, en este sentido, el futuro no tiene sentido porque, políticamente hablando, no existe.

Daniel Benito.

Abogado en Madrid

LA INCIDENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO PENAL.

2011-10-21T15:15:00.000+02:00

La implantación de los logros de la revolución francesa en el ámbito del derecho penal y del proceso han marcado un antes y un después en estas disciplinas.

El sistema anterior a la revolución era el inquisitivo, en el que lo que se buscaba era la represión rápida y eficaz de los delitos en interés de la sociedad, sin tener en cuenta los derechos del imputado ni el respeto a las garantías procesales que impiden una condena injusta. El imputado era el objeto (derecho penal de autor) de un proceso en el que el juez se encargaba de investigar, de acusar y de juzgar. A la hora de la investigación no existía ninguna limitación en relación con la obtención de las pruebas siendo válida incluso la tortura. Y la prueba reina era la confesión. Por lo tanto no se buscaba una verdad material, sino que se buscaba encarcelar a alguien por la comisión del delito en interés de la sociedad, todo ello con las mínimas garantías incluso sin prueba fehaciente de culpabilidad. En este sistema no existía ninguna garantía procesal que amparase al imputado pues éste muchas veces ni siquiera sabía que delito se le imputaba, por el secreto que regía las actuaciones de investigación.

La revolución francesa inspiró sus postulados en el pensamiento liberal, que defendía a ultranza los derechos individuales de la persona, y sobretodo el principio de libertad individual. Entonces, el derecho penal y el proceso que surgen de dicha revolución se impregnan de garantías de los derechos de las personas. El nuevo sistema se llama acusatorio y en él el derecho penal pasa a ser un derecho penal de hecho y no de autor pues lo que se busca ya no es castigar a una persona sino ejercer el “ius puniendi” del Estado castigando unos hechos delictivos. Además, el imputado deja de ser el objeto del proceso y pasa a convertirse en la parte más importante del proceso, sin la que éste no puede llevarse a cabo. Empieza a ser importante la garantía de los derechos del imputado, y sobretodo del derecho de defensa ya que en el proceso penal está en peligro el derecho a la libertad del imputado, por lo que debe poder probar su inocencia. En el sistema acusatorio lo que se busca es la verdad material, imponer penas al autor del hecho delictivo. Es más importante evitar una condena injusta que reprimir de forma rápida un hecho delictivo.

Por lo tanto, en el sistema acusatorio se encuentran plenamente garantizados los derechos fundamentales del imputado: el derecho a la tutela judicial efectiva (que incluye muchos otros derechos: presunción de inocencia, derecho a un abogado, derecho a no declararse culpable, derecho a no declarar contra sí mismo, derecho a utilizar medios de prueba...), a la integridad física y moral, a la vida (pues en nuestro país no se permite la pena de muerte), al secreto de las comunicaciones, a la inviolabilidad del domicilio, etc. Estas garantías conllevan muchas consecuencias que se plasman en el proceso penal. En primer lugar, al presunto autor de un hecho delictivo debe informársele de la acusación, informarle de los derechos que le asisten y tratarle con todo respeto a su dignidad desde el primer momento de las diligencias policiales. Por otro lado, ya en el propio proceso hay innumerables garantías de los derechos del imputado, por ejemplo, en la obtención de los medios de prueba: no es admisible por supuesto la tortura, y todos los medios de prueba obtenidos con vulneración de derechos fundamentales, van a ser considerados pruebas ilícitas, y, por tanto, no van a ser admitidas para enervar la presunción de inocencia. Y las garantías de los derechos fundamentales no acaban cuando se da una sentencia condenatoria, ya que para la jurisprudencia internacional debe existir una apelación generalizada de las sentencias para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. Además, las penas privativas de libertad deben ejecutarse respetando el derecho a la dignidad del reo y su finalidad no es tanto el castigo, sino la reinserción del condenado.

Entonces, desde la revolución francesa hasta principios del siglo XXI el proceso penal ha ido evolucionando en pro de los derechos de la persona, para ser más justo. Sin embargo, los atentados del 11 de septiembre de 2001 tambalearon esta concepción.

¿QUÉ ES EL DERECHO PENAL SINO UNA INVENCIÓN MÁS DEL HOMBRE? ¿GARANTÍAS contra SEGURIDAD? ¿REPRESIÓN contra DERECHOS?

José Luis Calderón Fernández.

CRISIS ECONÓMICA: SINÓNIMO DE ACAPARAMIENTO DE CLIENTELA.

2011-10-21T14:52:00.003+02:00

Estamos ante un tema muy espinoso ya que la situación de crisis que esta atravesando nuestro país está haciendo que se utilice métodos poco o nada ortodoxos para conseguir clientela. Consiste en que el abogado, ya sea por sí mismo, o a través de los llamados “ganchos”, traten de acaparar la clientela utilizando cualquier tipo de astucia, engaño, mentira o lo que sea necesario: “todo vale”.

Actualmente estoy observando lo patético (no sé si efectivo o no) que resulta ver al típico abogado, con su buen traje y corbata, oliendo a Yves Saint Laurent, vendiendo soluciones incluso a delitos prescritos, como algo que se puede solucionar, o cobrando minutas desorbitadas a ingenuos clientes en previsión de problemas que por lógica nunca llegarían a suceder. Ni que decir tiene que esta conducta no sólo esta encareciendo excesivamente los honorarios profesionales sino que además esta provocando litigios innecesarios.

Definitivamente, la concepción del Despacho, del cual formo parte, no responde a tales patrones ya que los compañeros con los que comparto día a día mi trabajo no son mercaderes, no trafican con la confianza que depositan sobre nosotros las múltiples personas que acuden en busca de una mano amiga que les ayude a solucionar aquello que no les deja vivir, que para ellos somos su vía de escape, su solución a una vida mejor.

Por ello, ante tal reflexión, me alegro de formar parte de un Despacho con enormes valores morales que considera que el comportamiento de “éstos” que se hacen llamar abogados debería ser juzgado y sancionado, ya que se trata de una deslealtad que se incardina en la abogacía en cuanto que es la encargada de realizar una función pública.

Eva María Soriano.
Abogado en Illescas.

TASACION DE COSTAS. ¿LETRAS O CIENCIAS?

2011-10-19T14:16:00.000+02:00

Es evidente que como colofón al procedimiento y si ha sido positivo el desarrollo del mismo nos veamos favorecidos con las costas a nuestro favor. Si bien ahí empieza otro procedimiento ya que, desde la tasación hasta su aprobación por parte del Secretario, pueden pasar varios trámites y alargarse en el tiempo más que el procedimiento principal.

El primer escollo que nos encontramos es calcular las costas según los criterios del colegio de abogado correspondiente al territorio donde se haya tramitado el procedimiento pues cada colegio tiene criterios distintos.

Una vez que tenemos claro los criterios que debemos aplicar, debemos saber cual es la cuantía del procedimiento, para lo que será esencial que en la demanda se haya puesto debidamente, pues si no se ha impugnado y nada se ha dicho en la audiencia previa, la cuantía puesta en la demanda será la que se tenga en cuenta para la tasación de costas aunque la sentencia resuelva sobre hechos de cuantía indeterminada. De ahí la importancia de especificar claramente y con absoluta certeza cual es la cuantía en la demanda ya que las costas se van a tasar en función de la misma.

Después de presentar nuestra minuta junto con la del procurador, el Secretario Judicial procede a tasar las costas de manera provisional ya que la otra parte o nosotros podemos impugnar si no estamos de acuerdo con lo realizado por el Secretario. Y es aquí donde se nota si el Secretario es de letras o de Ciencias ya que la ley de Enjuiciamiento Civil, en el articulo 394, establece una limitación en cuanto a la cantidad que se puede solicitar al litigante vencido en costas, sin que pueda exceder de la tercera parte de la cuantía del proceso, y como he dicho, depende si el Sr. Secretario ha estudiado ciencias o letras para que aplique correctamente dicha limitación, ya que muchos de ellos no distinguen entre el 1/3 que dice la ley o el 30% y aplican este ultimo en vez del 1/3, lo que puede suponer una gran perdida de dinero si son grandes cantidades. Para el caso de que sean pequeñas cantidades, no te merece recurrir, pues, independientemente de que te de la razón, que no siempre es así, se te alargará el procedimiento y cuando quieras cobrar las costas te ha costado mas que la diferencia aplicada del 30%.

Además también nos encontramos con que los Srs Secretarios, quienes son los que llevan las cuentas del juzgado, no entienden que el IVA es un impuesto independiente a las costas y que no puede ser objeto de reducción, ni limitación, y sin embargo te aplican la limitación del 1/3, si tienes suerte, o la del 30%, no sobre la base, sino sobre la cantidad total incluido el IVA.

¿Qué podemos hacer ante estas situaciones? Mirar por el cliente y que cobre lo mas rápido posible no alargando el procedimiento, todo ello claro está, previo su consentimiento.

PD: cansada de tales desatinos, se lo digo a los Secretarios y sin inmutarse lo mas mínimo, la respuesta de todos es que, si no estoy de acuerdo que lo recurra. Todavía no he encontrado ninguno que haya reconocido su error, y que me diga que en los siguientes procedimientos lo tendrá en cuenta, es mas me ha vuelto a pasar otra vez con el mismo Secretario (erre que erre).

Elia Blanco.

Abogado en Illescas.

PATRIA POTESTAD VS. GUARDIA Y CUSTODIA

2011-10-19T13:48:00.002+02:00

Definición jurídica

Patria Potestad

Se define como la relación existente entre los progenitores y los hijos y que lleva aparejada el conjunto de deberes y derechos de los padres en relación con los hijos menores de edad no emancipados, y su protección.

Tiene por objeto el cuidado,desarrollo y educación integral de los mismos.

Comprende la guarda, representación y la administración de sus bienes.

El origen de este derecho se encuentra en la propia relación paterna filial, de forma independiente a la existencia de matrimonio entre los progenitores.

Por regla general, la patria potestad se ostenta de forma compartida entre los padres, sin embargo el Art. 92.3 y 4 del Código Civil establece que la sentencia podrá acordar la privación de la patria potestad cuando en el proceso se revele causa para ello, o bien que los padres acuerden en el convenio regulador o por decisión del propio Juez que en beneficio de los hijos la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por uno de los cónyuges.

Se debe distinguir entre la privación de la patria potestad y el ejercicio de la misma, ya que tanto el Juez como los padres pueden acordar que ésta sea ejercida total o parcialmente por uno de los cónyuges, lo que significa que el otro, pese a ostentarla, sea vea privado de algunos aspectos de su ejercicio.

Esta modulación en su ejercicio se suele dar en los casos en que existen desavenencias entre los progenitores sobre la educación del menor o en los casos de despreocupación por parte de uno de los padres

Guardia y custodia

Con la entrada en vigor de la Ley 15/2005 se ha regulado de forma novedosa la guardia y custodia compartida.

Para decidir sobre qué progenitor debe ostentarla rige el principio del beneficio del menor, en el caso en que no exista acuerdo entre los padres, además de:

1.- oír al propio menor,

2.- se ponderarán las aptitudes de los cónyuges,

3.- las relaciones con los hijos,

4.- las condiciones y entorno de cada uno de los progenitores y

5.- todas aquellas circunstancias que ofrezcan la estabilidad y

6.- equilibrio en el desarrollo integral del menor.

Para garantizar el acierto en la resolución judicial, el Juez puede acordar de oficio que se practiquen las prueban necesarias para dictaminar la idoneidad sobre quién debe ostentar la patria potestad o la custodia.

Por ejemplo, el que se realice un dictamen de un especialista cualificado...

Antes de acordar el régimen de guardia y custodia, el Juez recabará el informe del Ministerio Fiscal y oirá a los menores que tengan suficiente juicio cuando se estime necesario.

De forma excepcional, la custodia puede encomendarse a un 3ª, que se regula en el Art., 103.1 del Código Civil y se da cuando concurren causas graves que determinen que en interés del menor, su custodia sea encomendada a un 3º.

En estos casos se suele encomendar la guarda a los abuelos, parientes u otras personas que lo consintieran, y de no haberlos, a una institución idónea, confiriendo el Juez las funciones tutelares.

La guardia y custodia compartida se dará cuando los padres lo soliciten en la propuesta del convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento.

Prevalece el criterio de no separar a los hermanos y el mismo no procede en los casos de proceso penal por violencia doméstica o cuando el Juez advierta indicios fundados de tales actos.

Si no existe acuerdo entre las partes sobre la guardia y custodia compartida, se aplicarán excepcionalmente los requisitos exigidos en el Art. 92.8 del CC y que son:

1.- que lo inste una de las partes,

2.- que el Ministerio Fiscal emita un informe favorable y

3.- la guardia y custodia sea el único medio de proteger adecuadamente el interés del menor.

Régimen de visitas

El art. 94 del Código Civil establece que el progenitor que no tenga consigo a los hijos menores o incapacitados gozará del derecho a visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía.

El Juez determinará el tiempo, modo y lugar del ejercicio de este derecho, que podrá limitar o suspender si se dieren graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumpliere de forma grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial.

Se trata de un derecho y deber cuya finalidad es la de proteger los intereses del hijo, de tener unos contactos lo más amplios e intensos con el progenitor con el que no convive a fin de favorecer su propio y necesario desarrollo emocional.

Los padres pueden pactar el régimen de vistas que consideren, pero a falta de acuerdo,se establece un régimen de visitas mínimo a favor del cónyuge no custodio, el cual viene a ser:

Fines de semana alternos desde el viernes a las 20 horas hasta el domingo a las 20 horas, recogiendo y reintegrando al menor en el domicilio familiar.

Si fuera festivo el día inmediatamente anterior o posterior, o existiera un puente, se extenderá prorrogando dicho fin de semana hasta el laboral correspondiente.

Para el cómputo de los fines de semana alternos, la madre pasará con el hijo el primero que corresponda según la fecha en que se firme el convenio regulador, el padre el siguiente, y así sucesivamente.

Vacaciones escolares de Navidad y Reyes: se dividirán en 2 períodos iguales, el primero desde la salida de la guardería o colegio del último día lectivo antes de las vacaciones hasta el 31 de diciembre a las 16 horas, y el segundo desde el 31 de diciembre a las 16 horas hasta el primer día lectivo en que el menor será reintegrado en el centro docente correspondiente.

Corresponde la elección de los mismos, alternativamente, los años pares al padre y los impares a la madre. (El orden se puede variar).

Vacaciones escolares de Semana Santa: se dividirán en 2 períodos consistentes en mitades alternativas, el primero desde la salida de la guardería o colegio del último día lectivo antes de las vacaciones hasta el “miércoles santo” a las 20 horas, y el segundo desde el “miércoles santo” hasta el último día no lectivo a las 20 horas, en que será reintegrado en el domicilio materno, correspondiendo la primera mitad en los años pares a la madre y la segunda mitad en los impares, y a la madre la primera mitad en los años pares y la segunda mitad en los años impares.

Vacaciones estivales: se repartirán por mitad entre los cónyuges, por periodos quincenales los meses de julio y agosto, correspondiendo al padre, en los años pares, la primera quincena de los meses de julio y agosto, y la segunda quincena en los años impares, y con la madre la primera quincena los años impares y la segunda los pares.

Por lo que al mes de junio se refiere, en que el menor tendrá vacaciones escolares, esto es, del primer día no lectivo hasta el 30 de junio a las 20 horas, estarán en compañía de aquel progenitor que le corresponda la segunda quincena de los meses de julio y agosto, y del 1 de septiembre hasta el último día no lectivo a las 20 horas, le corresponderá a aquel cónyuge que haya tenido la primera quincena de los meses de julio y agosto.

En el caso de que el menor asistiera a la guardería durante los días intermedios a cualquier periodo vacacional, el progenitor que lo tenga consigo en aquel momento podrá llevarlo y recogerlo o bien tenerlo consigo, informando al otro progenitor y a la guardería en el caso de que no asista.

Igualmente se comprometen, en el supuesto de salidas al extranjero con el menor, a comunicar al otro el lugar y el país en el que el hijo esté y la forma de poder localizarlo.

PATRIA POTESTAD vs. GUARDA Y CUSTODIA

Mientras que los hijos son menores de edad, los padres están obligados a darles alojamiento protección, alimento, formación, así como velar y decidir por ellos sobre cuestiones relevante, como son la elección del colegio, domicilio, tratamientos médicos, operaciones quirúrgicas, además de representarlos y administrar sus bienes. Al conjunto de éstas facultades, se denomina patria potestad.

Cuando se produce la ruptura matrimonial o de la pareja, se atribuye a uno solo de los progenitores (generalmente a la madre), la guarda y custodia, sigue siendo compartida por ambos, la patria potestad, la cual sigue siendo ejercida por ambos progenitores hasta la mayoría de edad de los hijos.

El concepto de guarda y custodia es un concepto jurídico indeterminado ya que no se define en el Código Civil. Cuando en una sentencia se atribuye la guarda y custodia a uno de los progenitores, generalmente a la madre, lo que se está determinando es que los menores, deberán convivir el día a día con ese progenitor. En ese caso, el progenitor no custodio, tendrá un derecho de visitas o estancias, que cada vez suele ser más amplio. Durante dichas estancias, la guarda y custodia recae sobre el progenitor no custodio, según sentencia.

Es decir, durante la estancias que los menores estén con uno y otro progenitor, la guarda y custodia la tiene éste, y deberá decidir sobre aquellas cuestiones cotidianas o urgentes relacionadas con su hijo al que en ese momento tiene consigo.

El Código Civil no clarifica tampoco el contenido de la patria potestad en supuestos de separación o divorcio. Pero la Doctrina y la Jurisprudencia, ha señalado que las medidas que no pueden ser adoptadas unilateralmente por el progenitor custodio, son:

Fijación del lugar de residencia del menor.

Elección del colegio.

Orientación educativa, religiosa o laica.

Tratamientos o intervenciones médicas, salvo los casos de urgente necesidad;

Aplicación de terapias psiquiátricas o psicológicas al menor.

Todas aquéllas que constituyan gastos extraordinarios que deban satisfacerse por ambos progenitores.

Puesto que la patria potestad es compartida, aunque un progenitor no tenga atribuida en sentencia la guarda y custodia, tiene el derecho a que el Centro Escolar le informe exactamente igual que al custodio, sobre la marcha académica de su hijo.

VUELVE EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO EN 2011 Y 2012

2011-10-19T13:41:00.004+02:00

Poco ha durado el “R.I.P.” Ó “D.E.P.” (Descanse en Paz) del Impuesto sobre el Patrimonio, pues “falleció” en 2.008, y ya lo han “resucitado”. Con fecha sábado 17 de septiembre de 2011, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal. Por tanto ha sido reinstaurada la obligación de presentar la declaración de patrimonio. Dicho restablecimiento del impuesto tiene carácter temporal, ya que se contempla exclusivamente para 2011 y 2012, debiéndose presentar las consiguientes declaraciones, respectivamente, en 2012 y 2013. Las personas que estarán obligados a presentar dicha declaración serán aquellas que a fecha de devengo del impuesto, es decir, 31 de diciembre de 2011 y 2012, superen alguno de los dos límites siguientes:

1. Aquellos sujetos pasivos cuyo valor de los bienes y derechos no exentos del impuesto menos las deudas a su cargo supere los 700.000 €.

2. Cuando se tengan bienes o derechos que de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto su valor resulte superior a 2.000.000 €. En este caso se estará obligado a presentar declaración si se tiene un patrimonio superior a esa cifra, aunque se tengan deudas que supongan un neto inferior a los 700.000€, pues este segundo límite se refiere exclusivamente al valor de los bienes y derechos, sin descontar o restar las deudas.

Dado que el Impuesto sobre el Patrimonio que ahora se restablece sigue siendo un tributo cedido a las Comunidades Autónomas, que ostentan amplias competencias en cuanto al mínimo exento, habrá que estar atentos a aquellas comunidades que fijen un límite distinto del mínimo exento comentado.

PRÁCTICA PROCESAL

2011-10-19T13:40:00.002+02:00

Valgan estas líneas para intentar conseguir un apoyo conjunto con todos los Organismos públicos, en la ardua tarea de lograr una mayor celeridad en los plazos procesales.

Es necesario lograr una concienciación global para evitar los retrasos injustificados procedentes de la Administración de Justicia y que tantos perjuicios causan tanto a nivel profesional como personal, con los consiguientes perjuicios que todo ello origina.

Pero es más, el esfuerzo no solo debe partir de la Administración, sino también del personal humano que trabaja en los Juzgados, a los que no deja de alabarse su esfuerzo, pero por otro lado se reclama una mayor implicación personal según que procedimientos, ya que en ocasiones, notamos una gran carencia en ese sentido.

Esta reflexión también va dirigida a los Colegios de Abogados, especialmente, cuya tramitación en la resolución acerca de la concesión de asistencia jurídica gratuita es lentísima, ocasionando la paralización de los procedimientos judiciales, a expensas de conocer el resultado del Colegio del que se trate. Como pasa en otros ámbitos de la vida, según que colegios funcionan con mayor o menor celeridad.

Todo esto repercute en nuestro trabajo diario, así como, en la relación y confianza con el cliente, y la poca creencia y confianza que tiene en la Justicia.

Maria Jesús Peyús

EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA EN ESPAÑA

2011-10-19T13:38:00.002+02:00

En mis doce años de ejercicio profesional me he encontrado con un problema que dificulta mi trabajo cada día: LA DEMORA Y LENTITUD EN LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES A LA HORA DE IMPARTIR JUSTICIA. Por ello me pregunto como profesional del Derecho y dedicado a esta bonita pero ardua profesión ¿Qué podemos hacer ante esta situación? La respuesta es clara: armarnos de paciencia y seguir luchando para que el sistema judicial se agilice y consigamos mayor rapidez en los procedimientos ya que la demora que sufren en la actualidad se ha visto acrecentada de manera notable.

¿Cómo repercute al trabajo del abogado? Ralentiza su deber de diligencia pues en ello radica uno de los pilares de nuestro trabajo, ese deber para con el cliente, que muchas veces se ha visto y todavía se ve perjudicado por la actuación de los Juzgados y Tribunales a la hora de decidir sobre un proceso u otro, y se enfrenta a otro problema mayor, que viene provocado por la excesiva lentitud, que añade otro perjuicio más al JUSTICIABLE, que es al fin y al cabo al que debemos prestar toda nuestra ayuda y colaboración.

¿Qué podemos hacer? Lo que hacemos cada día los que nos dedicamos a esta profesión: LUCHAR, LUCHAR SIN DESFALLECER, para que tengamos una Justicia más equitativa, más rápida, eficaz y, valga la redundancia, Justa. Por estos motivos los abogados, que como yo trabajamos en el bufete de Zaballos Abogados, nos solidarizamos en todo momento con nuestros clientes atendiendo su problemática y dando soluciones a todos aquellos que demandan nuestros servicios. Del mismo como buenos profesionales debemos también ser cautos y precisos a la hora de dar un buen asesoramiento a nuestros clientes por economía procesal y en su beneficio e interés, pues en muchas ocasiones debemos aplicar la máxima jurídica MAS VALE UN MAL ARREGLO QUE UN BUEN JUICIO, de esta forma se evitara que se acudan a procesos innecesarios que conlleven mayor perjuicio para el cliente que el ya causado.

¿De que depende? muchas veces es cierto que dicho retraso en el cúmulo de asuntos y procedimientos escapa al control de los Jueces, magistrados, secretarios, etc. Porque ellos también son víctimas de esta dilación por la falta de medios, incluso muchas veces la falta de reconocimiento de estos los profesionales, que nos movemos en el ámbito y otras la mala utilización de la justicia por el propio ciudadano, que solo por despecho, venganza personal sin raciocinio alguno sino movidos por ese animus, la utiliza de forma incorrecta, dando lugar a un trabajo del todo innecesario, que entorpece el día a día del desarrollo de esta gran maquinaria jurídica que nos arrastra a todos a esa demora innecesaria.

Tras estas reflexiones, diré que seguiré luchando con tesón en mi tarea diaria y con ilusión porque la Justicia mejore cada día, aunque a veces nos surjan obstáculos que dificulten nuestra labor pero sólo así conseguiremos lograr algo si las leyes cambian todos los días los abogados también podemos hacer que la Justicia cumpla su misión que ya en la antigüedad quedó definida, y es JUSTITIA SUUM CUIQUE DISTRIBUIT, ( Dar a cada uno lo suyo).

Fdo. Daniel Casillas Grech.

¡LAS VOCES HAN MUERTO!

2011-09-19T18:07:00.000+02:00

En las últimas semanas hemos asistido a la entrada en la agenda de un nuevo conflicto; en este caso, el contencioso que mantienen radios y la Liga de Fútbol Profesional. En Julio de este año, la LFP, encabezada por el Señor Roures, anunció su intención de proceder a comercializar los derechos de retransmisión radiofónica de los partidos de la Liga (1ª División, 2ª División-A) y Copa de S.M. El Rey (excluida la final), a partir de la temporada en curso 2011/2012.

Hasta la fecha ninguna emisora radiofónica había tenido que hacer frente a un canon de esta naturaleza. Para la mayoría de estos medios se trata de un impuesto revolucionario; de explotar un negocio, el del fútbol, que mueve cientos de millones de euros, y sobre todo, con la intención de sanear la maltrecha economía del grupo que dirige Roures. Todos los campos de fútbol contaban con espacios preparados específicamente para esta clase de medios, al mismo tiempo que se permitía la entrada libre a los profesionales de las radios previa acreditación. La pregunta que cabría hacerse es si se están sobreexplotando los recursos del mundo del fútbol.

La postura de la LFP es muy clara. Los argumentos esgrimidos por la LFP para adoptar esta nueva medida, se centran en su facultad, como gestores de los derechos exclusivos de retransmisión de los encuentros, de poder exigir el pago mediante una serie de paquetes, que, dependiendo del precio, ofrecen una serie de servicios para poder realizar la retransmisión en directo. La contratación del paquete condicionará las acreditaciones correspondientes a los periodistas, que venían siendo concedidas por los clubes y no por la LFP. Los paquetes o servicios serían: cabinas para los comentaristas, acceso a las zonas mixtas y sala de prensa (servicio Básico), posibilidad de acceso a pie de campo (un periodista por emisora) y en las zonas que se habiliten (servicio Premium), acceso a zona exclusiva de entrevistas en zona mixta y en antepalco (servicio Exclusivo1), y acceso a la boca del túnel de los vestuarios a la finalización para realizar entrevistas rápidas a jugadores no entrevistados en ese espacio por el operador de televisión (servicio Exclusivo 2), todo ello sumando los posibles costes derivados del uso de servicios técnicos y suministros y las condiciones generales para el ejercicio de los servicios descritos que se reflejarían en el contrato. En definitiva, que o se paga por parte de las radios, o ningún profesional de este medio tendrá permitida la entrada a los campos de fútbol españoles.

Hemos asistido a que en la pasada jornada liguera cientos de profesionales del mundo radiofónico se vieran obligados a radiar los partidos de fútbol en condiciones verdaderamente lamentables, impropias de un país moderno como el nuestro, que presume de tener la mejor Liga del mundo. Algunos tuvieron que comprar entradas, como si de aficionados normales se trataran, mientras que otros radiaban los partidos desde azoteas o grúas. Y qué decir de las entrevistas a pie de campo. Inexistentes. Sólo un par de equipos decidieron conceder entrevistas a las emisoras. En definitiva, periodistas tratados como delincuentes. El control al que se han visto sometidos para evitar que radiaran los partidos, por parte del personal de seguridad del estadio, ha sido exponencialmente mucho más exhaustivo que el que se emplea para controlar y evitar que “hooligans”, “tifosis” y “ultras” entren a nuestros campos con bengalas, armas, etc.

Por su parte, la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), en representación de las principales radios públicas y privadas, argumenta su negativa al pago de este canon sobre todo en el derecho constitucional a la información (art. 20), y alegan además que el art. 19 de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA), por el cual se regula la posibilidad de que ciertos contenidos puedan ser comercializados en exclusiva, se refiere únicamente a las televisiones y no a las radios, ya que éstas se situarían en el lado de la prensa escrita.

Recientemente Paco González (COPE) ha declarado que las radios seguirán luchando por algo que creen justo y comprensible; ironizando sobre el asunto con la siguiente pregunta. ¿Alguien denunciaría a Matías Prats por su retransmisión del 11-s?

Por su parte, Roures ha manifestado abiertamente que si las emisoras no quieren allanarse, “El fútbol puede vivir sin radio”. Las preguntas que en seguida nos vienen a la cabeza son las siguientes: ¿Qué ocurre con las miles de personas que no pueden acceder a la televisión por pago? ¿Es el momento coyuntural propicio para proponer esta medida?. También es cierto que las radios reciben ingresos por los anuncios que emiten durante la retransmisión de este tipo de eventos. El debate está servido.

Es evidente, que no es “plato de buen gusto” pagar por algo que durante años ha sido gratuito. A día de hoy el acuerdo parece difícil. Las posturas están alejadas. Por el bien del fútbol, y del espectáculo en general, esperemos que el conflicto se solucione cuanto antes. El derecho de información debe ponerse sobre la balanza.

José Luis Calderón Fernández
Zaballos Abogados

- La Web 2.0: En Zaballos Abogados ahora PARTICIPAS TÚ

2011-09-15T16:17:00.002+02:00

¿Por qué nos propusimos hacer una nueva web? ¿Qué sentido tenía cambiarla cuando ya incluía todos nuestros servicios y tenía buena imagen?

La razón es muy sencilla: Ahora tú puedes participar en nuestra web. La hemos vuelto interactiva y más interesante en contenidos que te preocupan.

Con esta nueva web queremos ser el referente de los despachos de abogados en la presencia en internet

Antes solamente teníamos una web estática, como un escaparate en el que tú miras, ves cosas que te interesan pero no puedes preguntar sobre sus características. La tecnología ha evolucionado tanto en las últimas épocas con el uso de las redes sociales como Facebook y Twitter que ha hecho que nuestra Web se quedase obsoleta en dos años.

Te vamos a facilitar compartir la información que tienes y la que tenemos nosotros gracias a la interacción que ahora podemos establecer: ¿Tienes una duda jurídica? ¿Quieres saber cómo mejorar tu fiscalidad en la empresa? ¿Cómo ahorrar gastos de personal? ¿Qué implica un divorcio, separación,…? ¿Qué es un SWAP? ¿Qué haces para resolverlo, le preguntas a tus amigos? Pues ahora solo tienes que abrir el Facebook de Zaballos Abogados y preguntárnoslo como si fuésemos un amigo más. ¿Sencillo no?

A través de las redes sociales estamos siempre en contacto de una manera rápida y eficaz contigo para solucionar cuanto antes esas dudas sobre cómo actuar jurídicamente.

Otra de nuestras novedades es el BLOG: Una fórmula completa que te permite estar al día de las situaciones jurídicas que te interesan mediante la publicación de artículos y opiniones de los abogados de nuestro despacho, expertos en temas jurídicos y fiscales, que te van recomendando y asesorando sobre temas de actualidad jurídica y fiscal.

También tienes un formulario directo desde nuestra web en el que consultarnos, pedir cita on line directamente y, en el menor tiempo posible, contactar con nosotros.

Queremos hacerte la vida más fácil con esta nueva web y nos ponemos A TU DISPOSICIÓN AHORA MÁS QUE NUNCA.

Luis María García Grande
Zaballos Abogados

- EL JUICIO DE DESAHUCIO POR PRECARIO EN LA VIGENTE LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

2011-09-15T16:15:00.001+02:00

Sobre el desahucio por precario conocemos en Zaballos Abogados un reciente criterio jurisprudencial que considera que la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil recoge en el precepto que regula el tipo de procedimiento a seguir en estos casos, es decir, en su artículo 250.1.2, un concepto reducido de precario al aludir literalmente a la recuperación de la finca “cedida en precario”, en contra de lo que ocurría en la Ley de Enjuiciamientio Civil de 1881 que disponía que el desahucio procedía contra cualquier persona que disfrutaba o tenía en precario una finca sin pagar renta o merced, es decir, reflejan ambas disposiciones un diferente concepto de precario.

En este sentido se manifiestan entre otras las Sentencias de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 31 de enero de 2.005 y de 1 de febrero de 2.006, en concreto esta última planteaba un supuesto en el que la demandada había venido habitando y residiendo legítimamente en la vivienda en su condición de miembro de la familia de la inicial adjudicataria de la vivienda como nieta de ésta, ocupándola con ésta, por ello, sólo después del fallecimiento de la misma se podría hablar de una situación de tolerancia sobrevenida que no se debe a ningún tipo de cesión.

Por tanto, de acuerdo con lo expuesto, la situación que se plantea en este caso, no entra en el concepto limitado de precario del artículo 250 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que no es el juicio verbal el cauce adecuado para resolver el supuesto y obliga al demandante a acudir al procedimiento declarativo correspondiente, como ocurría cundo, en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 se alegaba la excepción de "cuestión compleja" solicitando por esta vía defensiva que el juez declarara la inadecuación del procedimiento y, en consecuencia, dictara una resolución absolutoria en la instancia.

Sin embargo, no es éste el criterio de la Audiencia Provincial de Madrid, pues en sus úlitimas resoliciones sobre el asunto que nos ocupa, mantiene una posición contraria a la que acabamos de inidcar y de la que son exponentes las Sentencias de 27 de febrero de 2.007, de 21 de mayo de 2.008 o en la de 14 de abril de 2.010 y que pone de manifiesto que en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, el desahucio por precario se configura como un juicio plenario y no sumario, justificando el legislador la nueva regulación en el apartado XII de su Exposición de Motivos al decir que “La experiencia de ineficacia, inseguridad jurídica y visicitudes procesales excesivas aconseja, en cambio, no configurar como sumarios los procesos en que se aduzca, como fundamento de desahucio, una situación de precariedad: parece muy preferible que el proceso se desenvuelva con apertura a plenas alegaciones y prueba y finalice con plena efectividad y así, conforme a lo dispuesto en el artículo 250.1.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas que pretendan la plena recuperación de la finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca, resultando que conforme a lo dispuesto en el artículo 447 de la misma ley, la sentencia recaída en este juicio seguido en razón a la materia desahucio por precario , produce el efecto de cosa juzgada material, lo que conlleva que el ámbito del juicio por pecario puedan y deban discutirse todas las cuestiones relativas al derecho a poseer, por complejas que sean las mismas, siendo en todo caso cuestión bien distinta a la complejidad el objeto del juicio verbal por precario o lo que es materia de precario.”

De lo anterior se colige que la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil convierte al precario en un declarativo y, por tanto, no será impropio de dicho juicio, ni entrañará complejidad alguna al no haber limitación de prueba en tal proceso, decidir si existe -o no- título suficiente del que se derive el derecho a poseer por el demandado-precarista. Y es que, según esta opinión, tal discusión constituye la materia misma de tales procedimientos porque, de lo contrario, bastaría con la simple alegación por el demandado de una razón más o menos fundada de la ocupación para hacer inútil el debate.

Por tanto, no existiendo -como queda indicado- limitación alguna a la actividad probatoria, el que prospere o no la acción de desahucio por precario en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 dependerá exclusivamente de que el demandante pueda probar:
- Su posesión mediata del inmueble en concepto de dueño o titular de un derecho real que lleve aparejado su disfrute.
- La posesión inmediata del inmueble por parte del demandado sin título para ello y sin pago de renta o merced.

Rocío Ocaña
Zaballos Abogados

- FOGASA Y LA MERMA DE DERECHOS QUE IMPLICA PARA EL TRABAJADOR

2011-09-15T01:47:00.001+02:00

El Fondo de Garantía Salarial fue creado mediante el artículo 31 de la Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales, la de Institución de GARANTÍA de los créditos salariales ante la insolvencia del empleador. Hoy tiene atribuido el abono a los trabajadores los salarios e indemnizaciones que las empresas para las que trabajan no han podido satisfacer por encontrarse en situación legal de insolvencia o por haber sido declaradas en situación de concurso. Desde su creación se ha constituido en un buen aliado para la insolvencia punible de la las empresas en este país y, en muchos casos, para incentivar el fraude. Además, la existencia de un pagador último provoca que exista el fraude en la connivencia del empresario y el trabajador por obtener rentas salariales sin haber de por medio trabajo efectivo.

Las leyes que rigen nuestro ordenamiento jurídico han permitido que exista un amplio espacio de impunidad en la propia declaración de dicha insolvencia, pues, en el procedimiento laboral, no existe ninguna represalia que, dentro del mismo procedimiento, pueda efectuar el trabajador contra el empresario insolvente. Es necesario comprender que el trabajo y la productividad que genera ese trabajo, no pueden caer en el saco roto de la insolvencia libre, sino por circunstancias muy excepcionales que deberían estar convenientemente reguladas, y en un marco jurídico que proteja al trabajo en general, y al propio sistema de trabajo, persiguiendo las formas y modos de la insolvencia laboral. Cuando nos referimos a insolvencia libre tenemos en cuenta los mecanismos jurídicos que operan actualmente hasta su declaración, comprendiendo en ella la fase ejecutiva previa que, en rigor, sigue el procedimiento ordinario de ejecución establecido en la ley de Enjuciamiento Civil.

El derecho del trabajo es aquél que básicamente regula las relaciones entre el empresario empleador y el trabajador. El trabajo es sin ninguna clase de dudas el eje en el que se sustenta todo sistema político y social, presente y futuro. El trabajo es lo que une a los hombres en su incomprensión por encontrar un valor común en el que reconocerse. Todos, de algún modo, formamos parte de la clase trabajadora, si bien, es la organización de esta clase lo que la mantiene dividida. Es, en suma, el eje en que debe ordenarse todo sistema jurídico. Por lo tanto, el trabajo debe estar especialmente protegido, como único bien o valor común de unión entre los hombres. En este sentido, todo esfuerzo por protegerlo es poco.

Si bien la historia del hombre es la historia de la ambición por conseguir el poder y el uso que, finalmente, el poderoso ha hecho de ese poder, no podemos obviar que el sometimiento de unos al poder de otros ha sido su única consecuencia y que siempre emerge interminable. Por lo tanto, podemos achacar a la historia del hombre el uso que se ha hecho de ese poder, quizás no tanto a la ambición de poder, arraigada en algún sentimiento necesario humano, sino a su uso, despojando al sometido, por lo general, de todo derecho social. Es por ello que el trabajo no puede estar sometido a un bien superior, porque siempre surgirá un poder que pretenda apropiarse de él como forma de dominio, sino que el trabajo es en sí mismo el bien superior a proteger. En la actualidad el trabajo se regula bajo el marco de un sistema liberal de economía que se escapa a cualquier control político y, por lo tanto, con el déficit correspondiente para el trabajador, el cual siempre estará sometido a un ordenamiento jurídico que hará primar por encima suyo al mercado y su tráfico voraz de capitales, si bien es, al mismo tiempo, un sistema que ofrece las armas jurídicas para contrarrestarlo.

Sin embargo, los resortes que tiene el ordenamiento jurídico para luchar contra la insolvencia empresarial son para el trabajador insuficientes e improductivos. El ordenamiento jurídico ofrece a las empresas aquellos medios necesarios para encontrar su insolvencia sin consecuencias jurídicas, basadas estas, a su vez, en la posibilidad de una cadena eterna de insolvencias, confeccionada por la red que pueda permitir el encadenamiento de personas jurídicas insolventes, y en la de sus administradores de hecho y de derecho. La persecución civil es absurda, porque la inhabilitación para ejercer como empresario es fácilmente solventada con una administración de hecho en la sombra, difícilmente criminalizable por el esfuerzo que conlleva ello para el trabajador, sumergido en miles de problemas. Lo mismo ocurre con la persecución penal, inalcanzable para el trabajador que necesariamente debe volver al trabajo para subsistir, quedando atrapado en un remolino de falta de tiempo y dinero que le impiden acceder a aquellos procedimientos que pudieran castigar esa insolvencia punible en la que caen deliberadamente muchas empresas buscando la ganancia egoísta y avariciosa del moroso.

En este sentido, el ordenamiento jurídico que trata de luchar contra la insolvencia del empleador fomenta su propia insolvencia y su coartada última es el FOGASA. Es por lo tanto, en el mundo laboral, la ciudad de los fines de la libre insolvencia, pues si bien el ordenamiento dota de medios jurídicos para combatirla, también los dota, no solamente para pervivir en ella sin responsabilidad jurídica alguna, sino también para evitar la confrontación o conflicto inevitable o último entre el empresario y el trabajador asumiendo parte de la deuda salarial contraída. Es decir, el FOGASA implica una pérdida de conflictividad laboral que resulta perjudicial para el trabajador toda vez que la obtención del justo derecho que merece su esfuerzo productivo se ve limitada o dilatada en el tiempo, dejando sin responsabilidad al moroso empresario. Esto nos induce a concluir que, en el fondo, el FOGASA no es una institución creada para ayudar al trabajador en la satisfacción de sus derechos sino una institución que merma sus derechos, individuales y colectivos. Es en realidad una institución que apoya de manera indiscriminada al empresario diligente y al empresario infractor, protegiendo los modos actuales de trabajo y el fomento de empleo a cualquier precio, que es en realidad su verdadera naturaleza. No podemos olvidar que entre sus finalidades complementarias destaca el apoyo o protección a las empresas en situación de crisis: dado que fomenta el mantenimiento del empleo y la continuidad empresarial, mediante el abono de ciertas prestaciones sin obligación de restitución ("a fondo perdido"), el pago de prestaciones sin necesidad de declaración de insolvencia empresarial ("la llamada insolvencia técnica"), y la posible suscripción convenios de devolución aplazada o fraccionada de las cantidades abonadas por el Organismo. Con todo, y con un sencillo asesoramiento, las empresas pueden obtener en su morosidad con el trabajador beneficios millonarios.

Daniel Benito
Zaballos Abogados

- ¿POR QUE LO LLAMAN PRIVILEGIO, CUANDO QUIERE DECIR PROCEDIMIENTO?

2011-09-15T01:45:00.002+02:00

Estoy totalmente perpleja, por el tema que comento a continuación, no comprendiendo que es lo que esta pasando…Con este artículo, quiero denunciar en voz alta lo que paso a relatar:

Desde que terminé mis estudios de Licenciatura en Derecho he completado mi formación práctica en el Despacho ZABALLOS ABOGADOS, formando en la actualidad parte del elenco de abogados con los que cuenta el Despacho. Por el mismo pasan múltiples personalidades de todas las escalas sociales, el equipo que lo formamos se caracteriza por ser seres humanos de gran humanidad, lo cual se transmite a los clientes para los cuales tenemos la suerte de trabajar.

Mi función principal en este despacho son los Procedimientos de Jura de Cuentas, los cuales son un modo de reclamar los honorarios de Abogado y/o Procurador, cuando el propio cliente se niega a pagarlos, algo muy habitual en época de crisis.

Hace una semana baje al Juzgado, como hago habitualmente, para informarme a cerca de varios procedimientos de Juras de Cuentas que están pendientes, y mi sorpresa fue cuando varios oficiales del Juzgado, me indicaron, que no podía quejarme por la tardanza (procedimientos que se iniciaron hace mas de cinco años), ya que la Jura de cuentas era una acción privilegiada que teníamos los abogados y procuradores concedida por la Ley de 22 de junio de 1894, y que no tenían el resto de las personas, lo cual implicaba una discriminación.

Lo que quiero manifestar en este artículo, es que efectivamente la Jura de Cuentas, es un procedimiento privilegiado, con respecto a un procedimiento ordinario, lo mismo que el procedimiento ejecutivo, es un procedimiento privilegiado con respecto a un procedimiento ordinario, pero ello no significa una discriminación de unas personas frente a otras, sino que responde a unas necesidades y características distintas. La Jura de Cuentas, no es un privilegio subjetivo de los abogados y procuradores, sino un procedimiento privilegiado en atención a su objeto, que es algo bien distinto. La prueba de que se no se trata de otorgar privilegios a los abogados y a los procuradores es;

1º que dichos profesionales, para reclamar honorarios que tengan origen en otro tipo de actuaciones profesionales (por ejemplo la redacción de documentos, o asesoramiento) tienen que acudir a la vía ordinaria, como todo el mundo, por lo que desde mi punto de vista lo discriminatorio sería que a los abogados y procuradores se les concediera una vía procesal privilegiada para reclamar este tipo de actuaciones extrajudiciales.

2º que la Jura de Cuentas es un procedimiento para reclamar los honorarios devengados en el concreto asunto judicial en que el abogado haya intervenido en defensa de los intereses del cliente moroso, esto no significa que hecha la reclamación, la deuda devenga automáticamente ejecutiva, sino que por el contrario, se requiere al deudor para que pague o impugne la cuenta, en el caso de no estar de acuerdo con la misma. Por lo que teniendo el deudor la posibilidad de oponerse y defenderse, sus derechos quedan totalmente salvaguardados.

Finalmente he de decir, que la jura de cuentas es el procedimiento que la LEC prevé, para que abogados y procuradores puedan intentar cobrar a los clientes olvidadizos, maliciosos, es decir moroso por naturaleza, y en ningún caso a los clientes honestos, que les pagan puntualmente lo acordado antes de empezar las actuaciones y durante las mismas. No es ningún privilegio sino un procedimiento de reclamación de cantidad, igual que cualquier otro, y que espera turno de tramitación en el Juzgado como todos los demás, es más muchas veces se dilata intencionadamente en los Juzgados olvidando que de esto comemos muchos abogados y trabajadores de los Despachos

Eva María Soriano Ortega.
Zaballos Abogados

- PRODUCTOS BANCARIOS DE “ALTO VOLTAJE”.

2011-09-15T01:44:00.001+02:00

Con ese título podríamos caracterizar a los contratos de permuta financiera, o también conocidos más coloquialmente como “swap” o “clip” bancarios. ¿Y es que a quién no le suenan los términos 'swap', IRS, 'clip', 'bono clip', cuota segura, permuta financiera, contrato cobertura hipoteca o cobertura de tipos?

Este despacho profesional ha experimentado en los últimos meses un notable aumento porcentual de los casos en dicha materia.

Y es que los efectos “perversos” de esta clase de productos, especulativos y de gran riesgo, para un cliente con limitados o nulos conocimientos en la materia, han ocasionado importantes pérdidas monetarias en Pymes y particulares.

Pero, pongamos al lector en situación. Durante el año 2.008, con el viejo continente sumido en la más terrible crisis financiera y económica jamás conocida por el mundo moderno, con un clima de histeria generalizada campando a sus anchas por Parlamentos, parqués bursátiles, entidades financieras y millones de hogares, y con los tipos de interés alcanzando unos niveles hasta entonces desconocidos; comienzan a proliferar una serie de productos financieros, que en su intención primaria, pretenden proteger a familias y pequeñas empresas frente a dicha amenaza. Se trata de un producto que tiene casi medio siglo de vida, pero que hasta esa fecha, se comercializaba únicamente entre grandes empresas o inversores que podían disponer tanto de un personal humano especializado en la materia como de una información privilegiada al respecto.

Sin embargo, la perversión se apodera pronto de las entidades financieras al descubrir éstas la oportunidad perfecta que se les acababa de presentar. La intención primaria se difumina, las negociaciones y contrataciones de dichos productos acaban por cubrirse de una gran cortina de humo.

Ese giro de trescientos sesenta grados nos conduce hasta este mismo instante; en el que cientos de profesionales del gremio se afanan por encontrar argumentos sólidos que ayuden a obtener una sentencia favorable frente a un Banco. No es menester aburrir al lector con más palabrería y tecnicismos; basta con lo expuesto hasta el momento para darse cuenta de la relevancia del problema.

Desde este despacho profesional, incluyendo al que firma estas palabras, seguiremos librando nuestra batalla judicial contra las malas prácticas bancarias, defendiendo los intereses de los afectados, con formación continua y especializada, con dedicación plena y exclusiva, y por supuesto, con el firme objetivo de hallar la mejor solución posible al problema.

José Luis Calderón
Zaballos Abogados

- ARTÍCULO: FAMILIA Y DERECHO, GRAN UTOPIA.

2011-09-15T01:42:00.004+02:00

Me hubiera gustado empezar expresando alegría y satisfacción si verdaderamente hubiéramos alcanzado un equilibrio real y verdadero entre estas dos materias, pero nada más lejos de la realidad, nos movemos aún en un campo algo intransitable y con escollos que se tornan insalvables.

Es quizá una de las materias más bonitas dentro del mundo del derecho, al ser cercana a las relaciones personales y familiares de todo el mundo y por eso mismo, es donde mayores problemas nos encontramos en la práctica diaria, al ser incapaz el derecho de solucionar algunos de los problemas que cotidianamente nos pueden llegar a ocurrir a cada uno de nosotros.

El derecho es un instrumento con grandes carencias en esta materia, y una herramienta extremandamente fría y estricta, cuyas pautas, reglas, como se quieran llamar, chocan frontalmente con la más absoluta lógica y con el sentido común más aplastante, imposibilitando todo esto la consecución de los objetivos propuestos.

Pero no todo es negativo, como ocurre en todos los ámbitos, ya que por otro lado, el derecho de familia nos permite poner fin de manera satisfactoria a innumerables problemas que surgen en las relaciones personales y familiares.

Especial mención merece el tema de los menores, ya que es este el objetivo y no otro, es decir, asegurar y garantizar el desarrollo personal, educativo y alcanzar un equilibrio económico que les permita un desarrollo sin injerencias ni impedimentos. El pilar y eje en materia de separación y divorcio, son los menores, todo gira en torno a ellos, garantizando nuestro ordenamiento jurídico los derechos más básicos y fundamentales.

He empezado mi exposición hablando de utopía, quimera… porque la práctica jurídica y procesal en esta materia no está exenta de interferencias, tales como la lentitud en la tramitación de estos procedimientos, el no poder ofrecer en determinadas situaciones contestación jurídica a problemas cotidianos que surgen en relación con las custodias y visitas entre los menores y sus progenitores, la falta de celeridad en la tramitación judicial de estos procedimientos… así como, la ausencia de colaboración que en ocasiones no encontramos con nuestros propios compañeros de exposición, llevando incluso al desgaste humano.

Es una materia bonita porque tratamos temas cercanos, hay mucha implicación con el cliente, dedicamos mucho tiempo a la prosecución de fines rápidos y reales… pero en muchas ocasiones nuestro esfuerzo choca con la barrera procesal y el trámite judicial de cada Juzgado, que ralentiza hasta la extenuación la finalidad de estos procedimientos.

Quiero terminar manifestando mi descontento con la actuación de la justicia en este campo, pero sin obviar que son muchas y muy buenas las intenciones que la justicia tiene en evitar situaciones como las expuestas, pero son insuficientes los medios que a nuestro alcance se ponen y muy ineficaces, en ocasiones las soluciones que se nos proponen. Todo esto lleva al descontento del cliente, que se ve en ocasiones inmerso en una batalla campal con quién fue su pareja/espos@, que se ve impedido de las visitas y compañía de sus propios hij@s, afectando todo esto seriamente a su propio desarrollo.

Por el bien de todos y especialmente de los menores, que deben de mantenerse al margen en estos casos, para garantizar su desarrollo y evolución evitando en todo lo posible su propio sufrimiento, es por lo que debemos colaborar todos y poner más sentido común en la tramitación de estos procedimientos, pues al fin y al cabo, estamos trabajando con sentimientos.

Todo puede ser resumido en muy pocas palabras: “Las leyes nacen por las necesidades de la sociedad, viven para cumplirse e infringirse, y mueren por la ignorancia y el olvido de las personas.”

María Jesús Peyús
Zaballos Abogados

- ANÉCDOTA

2011-09-15T01:42:00.003+02:00

Son muchas y muy variadas las anécdotas que nos encontramos en este trabajo, provenientes no solo del propio cliente, sino también, en muchos casos del propio Juzgado.

Desde ser tratados por el cliente como si fuésemos los jueces, a tener que oír minutos antes de empezar la celebración de un juicio por parte del cliente que la versión hasta ese momento mantenida por él era mentira, a incluso tener que escuchar algún que otro ofrecimiento económico si garantizamos el resultado del pleito…, como si de un trueque callejero se tratara.

En una ocasión, en un procedimiento de familia, la propia clienta se presentó en el despacho con quién aparentemente era su jefe y fue propuesto como testigo nuestro, siendo en realidad la parte contraria del pleito.

La ley fue hecha para los que gustan de ser esclavos de las reglas...

María Jesús Peyús
Zaballos Abogados

- LA NULIDAD DE LOS CONTRATOS DE SWAP

2011-09-15T01:40:00.001+02:00

Desde el año 2007 y hasta 2009, los principales bancos y cajas del país han comercializado masivamente un producto financiero cuya finalidad, se indicaba, era la de mitigar o atenuar las consecuencias económicas que la subida de los tipos de interés tienen sobre aquellas personas físicas y jurídicas que tienen préstamos o créditos referenciados a tipos de interés variables.

Estos productos financieros que se denominan de muy diferentes formas, SWAPS, CLIPS BANCARIOS, CONTRATOS DE INTERCAMBIO DE TIPOS/CUOTAS,… han generado una fuerte controversia por los múltiples perjuicios que los mismos han producido en aquellas personas que los contrataron y que han derivado en multitud de demandas judiciales contra las entidades financieras que los comercializaron reclamando la nulidad de los contratos y la devolución de las cantidades cobradas.

Estos productos, contrariamente a cómo lo perciben los clientes que lo suscriben, NO SON SEGUROS DE CRÉDITOS sino que, según los han calificado la propia ASOCIACION ESPAÑOLA DE BANCA (AEB) así como numerosas resoluciones judiciales, se trata de contratos de derivados financieros claramente complejos, con un fuerte carácter especulativo o de apuesta que generan enormes riesgos económicos a quienes lo suscriben al trasladar a ellos las consecuencias de las oscilaciones de los tipos de interés.
La configuración de estos productos puede ser de diferente forma según la entidad que los comercialice sin embargo, todos ellos funcionan siguiendo un patrón común que es el siguiente: Durante un concreto periodo de tiempo, el cliente se compromete a pagar al banco un tipo o cuota fija sobre un importe nocional (normalmente el importe de los préstamos que se tengan suscritos con ese banco), mientras que el banco en ese mismo periodo de tiempo y sobre el mismo importe nocional, se compromete a pagar al cliente el tipo de interés variable vigente al momento de la liquidación, de tal forma que si los tipos de interés vigentes al momento de la liquidación son superiores al tipo o cuota fija a pagar por el cliente, éste se verá beneficiado (el banco paga más que el cliente y la diferencia se la embolsa éste último) mientras que si por el contrario, el tipo de interés variable a pagar por el banco es inferior al tipo fijo o cuota fija a pagar por el cliente, éste se verá perjudicado al tener que pagar al banco la diferencia entre lo pagado por el banco y lo abonado por el cliente.

La caída de los tipos de interés experimentada a finales de 2008 y que a día de hoy se mantiene, ha tenido como consecuencia que aquellos que contrataron estos productos se hayan visto privados de los beneficios que supone este entorno de tipos bajos obligándose a pagar por sus préstamos debido a éstos productos, unas cuotas mensuales más elevadas que las que deberían haber abonado de no haberlos suscrito.

Durante 2010 y 2011, se han dictado por los juzgados de primera instancia así como las audiencias provinciales numerosas resoluciones favorables a los clientes que han ido perfilando las causas por las cuales se consideran nulos estos contratos .

Así, la nulidad de estos contratos se suele basar en el error que los clientes padecen al consentir su contratación, error que en la mayoría de los casos viene motivado porque los empleados que comercializaron el producto incumplieron las obligaciones de información y transparencia que la normativa bancaria y de valores impone a las entidades bancarias, obligaciones, que se hacen más necesarias cuantos menos conocimientos financieros y bancarios, tiene el destinatario del producto.

En todos las sentencias estimatorias, se demostró que aquellos clientes que suscribieron los SWAPS, no se les había explicado con claridad el funcionamiento de los mismos, ni los riesgos que su suscripción conllevaba, haciéndoles creer erróneamente, que lo que realmente se contrataba era un contrato de seguro de crédito inocuo, que más tarde se demostró dañino para la economía de los clientes.

Si usted está entre los afectados, desde Zaballos Abogados Gestores le podemos asesorar analizando la documentación que disponga y recomendándole las actuaciones a llevar a cabo para conseguir la nulidad de su contrato de SWAP.

Pablo Castro Camarero
Zaballos Abogados

- EL ALQUILER DE BIENES HIPOTECADOS

2011-09-15T01:38:00.001+02:00

La actual situación de crisis económica esta afectando gravemente a familias cuya vivienda habitual se encuentra hipotecada haciendo peligrar el pago mensual de las cuotas de sus préstamos hipotecarios.

En este contexto, y con el fin de evitar la ejecución de la vivienda por impago de las rentas, muchas de estas familias se están planteando la posibilidad de alquilar la vivienda cuya hipoteca no pueden atender para de esta manera, obtener los ingresos suficientes para poder pagar al banco las cuotas mensuales. En todos estos supuestos, surgen las mismas dudas, ¿puedo alquilar la vivienda sin permiso del banco?, ¿Qué ocurre con el inquilino en caso de que el banco ejecute la hipoteca?, ¿Se le mantiene en sus derechos o por el contrario puede verse en la calle antes de tiempo?, ¿me pueden reclamar con posterioridad el inquilino los daños y perjuicios a causa del vencimiento anticipado del contrato?.

Para resolver estas cuestiones, debemos remitirnos en primer lugar al artículo 13 de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos (LAU) mediante el cual, en caso de enajenación forzosa derivada de una ejecución hipotecaria, se impone la obligación de mantener al arrendatario en su derecho a permanecer en la vivienda arrendada hasta que se cumplan cinco años desde el inicio del arrendamiento, con independencia de si el arrendamiento se suscribió con anterioridad o posterioridad a la constitución de la hipoteca. Con ello, el legislador ha querido dar prevalencia al derecho de acceso a la vivienda por parte del arrendatario sin querer imponer a la entidad financiera una carga excesiva que resultaría injustificada si nos atenemos a que sus derechos normalmente se encuentran inscritos en el registro de la propiedad y por tanto son oponibles frente a terceros.

En este sentido y para evitar arrendamientos de duración excesiva, el párrafo segundo del apartado primero del mencionado artículo 13 de la LAU impone la obligación de que el contrato de arrendamiento de duración pactada superior a cinco años se haya inscrito en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la constitución de la hipoteca para que el mismo no se extinga pasados los cinco primeros años.

En consecuencia, podemos afirmar que todo contrato de arrendamiento con independencia de que se haya celebrado con posterioridad o anterioridad a la constitución de la hipoteca debe ser respetado por la entidad financiera al menos durante los cinco primeros años POR LO QUE NO CABEN EN LOS CONTRATOS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS CLAUSULAS QUE IMPIDAN AL PRESTATARIO ALQUILAR LA VIVIENDA HIPOTECADA.

No obstante, es un hecho que cualquier alquiler sobre una vivienda hipotecada trae como consecuencia una depreciación del bien a efectos de su realización en subasta, por lo que para prevenir esa minusvaloración y sobretodo, impedir abusos que tendrían como finalidad el obstaculizar una eventual ejecución del inmueble por impago de la hipoteca, las entidades financieras pueden establecer cláusulas que busquen dotar de protección al valor del inmueble imponiendo baremos o coeficientes que corrijan la disminución del valor del inmueble por la constitución de un arrendamiento en él, de tal forma que la renta a pagar por el inquilino deberá ajustarse a dichos parámetros siempre que los mismos no sean desproporcionados o imposibles.

Por tanto, siguiendo la doctrina contenida sentencia del Tribunal Supremo 792/2009 de 16 de diciembre, para que se reputen válidas las cláusulas limitativas del derecho de arrendamiento las mismas deben circunscribirse a arrendamientos de vivienda y sólo podrán imponer el vencimiento anticipado del préstamo hipotecario si el arrendamiento de la vivienda resulta gravoso o dañoso, entendiéndose por éste, aquél arrendamiento cuya renta mensual sea inferior a un baremo o coeficiente fijado por la entidad en su contrato de préstamo.

En consecuencia, si queremos arrendar nuestra vivienda hipotecada, en primer lugar debemos revisar si existe en nuestro contrato de hipoteca alguna cláusula al respecto impuesta por la entidad bancaria recordando que de existir, la misma no puede impedir el arrendamiento sino únicamente fijar garantías en relación a la renta a cobrar para evitar la depreciación del inmueble.

En segundo lugar, debemos acordar con nuestro inquilino que la vivienda la destine a vivienda permanente fijando una duración del contrato no superior a cinco años que es la máxima que se puede garantizar en caso de ejecución de hipoteca, de lo contrario, si se fija un plazo superior, en caso de ejecución de la hipoteca transcurridos los cinco primeros años, el inquilino podrá reclamarnos daños y perjuicios si se ve despojado de la vivienda estando vigente el contrato que hemos suscrito. Para ello, es importante acreditar la duración del contrato y en qué momento se inició por lo que la mejor opción es inscribir el contrato de arrendamiento en el registro de la propiedad.

En último lugar, la renta a cobrar debe ser adecuada a la ubicación y estado del inmueble debiéndose guardar los recibos acreditativos del pago para desvirtuar cualquier acusación de arrendamiento simulado.

Pablo Castro Camarero
Zaballos Abogados

- LA CLÁUSULA DE SUMISIÓN A ARBITRAJE EN LOS CONTRATOS DE SWAP O PERMUTA FINANCIERA DE TIPOS DE INTERÉS

2011-09-15T01:35:00.001+02:00

En Zaballos Abogados somos especialistas en reclamaciones relativas a contratos de “swap” o permuta financiera de tipos de interés y últimamente estamos comprobando como, cada vez más, este tipo de contratos de adhesión redactados por las entidades financieras incluyen cláusulas de sumisión a arbitraje, lo que, a nuestro juicio limita los derechos de los clientes.

Por una parte, de esta manera se intenta impedir que los clientes afectados por estos “swaps” acudan a los tribunales a solicitar su nulidad; de esta forma el Banco se ve claramente beneficiado, ya que en las cláusulas indicadas se exige que el árbitro sea una persona con un amplio conocimiento de los mercados de productos financieros y derivados, no precisándose pues, la condición de abogado en ejercicio, y es evidente que los árbitros podrán tener un conocimiento profundo de los mercados financieros (seguramente adquiridos por su relación directa o indirecta desde un punto de vista profesional con el sector), pero no tienen los conocimientos jurídicos necesarios para pronunciarse sobre la nulidad contractual, que es precisamente la cuestión sobre la que deben resolver.

Así mismo hay que tener en cuenta que las oportunidades que el laudo arbitral sea revisado por un tribunal superior se ven, a diferencia de lo que ocurre cuando acudimos a los juzgados y tribunales ordinarios (que ofrecen la posibilidad de interponer en todo caso recurso de apelación contra la sentencia recaída en primera instancia), sustancialmente reducidas, ya que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 60/2003 de 23 de Diciembre, de Arbitraje, “el laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe:
a. Que el convenio arbitral no existe o no es válido.
b. Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.
c. Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión.
d. Que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo fuera contrario a una norma imperativa de esta Ley, o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta Ley.
e. Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje.
f.Que el laudo es contrario al orden público.”

Por otra parte, la sumisión de la cuestión a Arbitraje implica para el particular así como para las pequeñas y medianas empresas, la asunción de elevados costes en concepto de honorarios de los árbitros, (inexistentes en caso de acudir a los Juzgados y Tribunales de Justicia), que no suponen esfuerzo económico alguno para las entidades bancarias, de cuya solvencia no podemos dudar.

Finalmente, no cabe olvidar que este tipo de contratos, son contratos de adhesión en los que la capacidad de negociación del adherente es inexistente, y que en la mayor parte de los casos éste desconoce la existencia de la cláusula de arbitraje y las consecuencias jurídicas que acabamos de enumerar.

Lo cierto es que, afortunadamente, un número creciente de Juzgados y Tribunales empieza a desestimar las excepciones de incompetencia de jurisdicción invocada por las entidades financieras.

El motivo fundamental de esta desestimación consiste en que, con carácter general, las cláusulas de sumisión a arbitraje quedan limitadas a cuestiones de "interpretación, cumplimiento y ejecución del contrato", no siendo el cauce adecuado cuando lo que se trata de dilucidar es una cuestión de nulidad del mismo, materia que necesariamente debe estar reservada a los tribunales de justicia. En concreto, el Auto de 10 de enero de 2.011 del Juzgado Primera Instancia número dos de Córdoba, refleja que nos encontramos ante una cláusula oscura, por lo que la interpretación de la misma, de conformidad con el artículo 1288 de nuestro Código Civil nunca debería favorecer a la parte que redacta unilateralmente el contrato, en este caso, la entidad financiera. Así mismo dicha resolución expone que "como el arbitraje comporta una excepción al monopolio de la justicia estatal y una inevitable derogación de normas de carácter imperativo, la sumisión de las partes a tal procedimiento debe ser sometida a un estricto control para verificar la auténtica voluntad de las partes de renunciar a la tutela jurisdiccional, sobre todo cuando en la relación jurídica se encuentra una parte débil".

Y continúa el citado Auto sosteniendo que en estos caso no existe una voluntad de aceptación por parte de quien suscribe estos contratos, dado su carácter coactivo e insustituible y que, con ello, ésta queda despojada de su derecho de acudir a la jurisdicción estatal reclamando justicia. Son situaciones en que se rompe el equilibrio entre las partes contratantes y donde pueden vulnerarse las exigencias de la seguridad jurídica y que suponen una clara perversión de las reglas mínimas que deben inspirar la redacción de los contratos tipo y que únicamente puede ser corregida a través de la acción del Estado o de determinadas organizaciones internacionales.

En idéntico sentido se han pronunciado algunos Juzgados de Primera Instancia cuando han tenido ocasión de enjuiciar este asunto; así, el Juzgado de primera instancia nº 6 de Gijón, en Auto de fecha 18 de Mayo de 2010, si bien concede validez a la cláusula de arbitraje, desestima la declinatoria planteada por la entidad financiera por cuanto aquella desplegaba su eficacia en lo referente a interpretación o discrepancias del contrato, no así en lo referente a la validez o ineficacia del contrato en sí mismo. En los mismos términos, el Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Gijón, de 5 de noviembre de 2010.

Por su parte, el Auto de 19 de enero de 2.011 dictado por el Juzgado de Primera Instancia número uno de León utiliza distintos argumentos, pero entiende así mismo que no cabe tener por válidamente estipulada la cláusula de sumisión a arbitraje en que la entidad bancaria en cuestión fundamenta su declinatoria.

Dicha resolución hace referencia a la clase de contrato utilizado por la entidad bancaria para su suscripción por una pluralidad de clientes, de forma que éstos no negocian individualmente las estipulaciones del mismo; por ello, debe estarse a la previsión al respecto contenida en el artículo 9.2 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre de Arbitraje, en cuanto a la validez de la cláusula de sumisión a arbitraje, debiéndose decidir que la demandante ha de ser considerada, en relación con este concreto contrato, como consumidor, en los términos previstos por el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, en tanto que, no obstante ser la demandante una sociedad mercantil, el contrato financiero que nos ocupa resulta ajeno a la actividad que le es propia, según su objeto social, y esto porque sin perjuicio de que cualquier acto de una sociedad mercantil ha de tener necesariamente una relación, aún cuando sea indirecta, con la actividad de la misma, la previsión del artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007 ha de interpretarse en el sentido de considerar a las personas jurídicas como consumidores cuando la contratación se realiza fuera del sector mercantil a que se dedica su empresa, siendo éste el supuesto de autos, en que la parte demandante no es una empresa, cuya actividad mercantil sea la intervención en el mercado financiero y, por tanto, se encuentra en situación de desequilibrio frente a la entidad bancaria en el concreto contrato, por lo que resulta de aplicación el artículo 57.4 del Real Decreto Legislativo 1/2007 que dispone que: “Los convenios arbitrales con los consumidores distintos del arbitraje de consumo previsto en este articulo, sólo podrán pactarse una vez surgido el conflicto material o controversia entre las partes del contrato, salvo que se trate de la sumisión a órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales o reglamentarias para un sector o un supuesto específico. Los convenios arbitrales pactados contraviniendo lo dispuesto en el párrafo precedente serán nulos”, así como el artículo 90.1 del mismo texto legal, que califica de abusivas aquellas clausulas de los contratos que establezcan: “La sumisión a arbitrajes distintos del arbitraje de consumo, salvo que se trate de órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales, para un sector o un supuesto específico.”

Desde el Departamento de Derecho Bancario de esta firma, nos ponemos su disposición para cualquier consulta que desee realizarnos acerca de éste u otros temas.

Rocío Ocaña
Zaballos Abogados

- ANÉCDOTA: RELACIONES DE COMPAÑERISMO, RECIPROCA LEALTAD Y RESPETO MUTUO.

2011-09-15T01:32:00.001+02:00

La verdad es que estas palabras suenan muy bien, pero son solo eso, palabras.

En esta profesión te puedes encontrar con situaciones muy diversas, pues atiendes a multitud de personas con problemas diferentes, y cada una puede reaccionar de muy diversa manera, pero lo que no puedes imaginar es que un compañero de profesión, te pida sus honorarios por testificar a favor tuyo en un procedimiento.

En toda la trayectoria profesional del Despacho, no se ha pedido por ningún testigo retribución por acudir a juicio, a ninguno de los clientes que los han propuesto, y nuestra sorpresa y estupefacción, cuando, desde el juzgado, te llega un requerimiento para pagar al testigo propuesto, ante la petición que dicho testigo ha realizado al juzgado, aportando como justificante de gastos, la salida del despacho por un día.

Después de la sorpresa, te llega la indignación, y luego intentas justificar la actuación de tu “COMPAÑERO”, es evidente que se encuentra en una situación muy perentoria, para actuar así, pues no es que cobre por el trabajo efectivamente realizado a favor nuestro, dos horas fuera de su despacho, ya que no se ha tenido que trasladar fuera de la ciudad donde tiene el despacho, sino que puestos a pedir, nos cobra por un día entero fuera de su despacho.

Actitudes así, no fomentan las relaciones de compañerismo, sino que lo que hacen es, que nos ganemos a pulso la fama de peseteros que se esta dando a nuestra profesión, ya que si se porta así con un compañero, como se portará con sus clientes, les cobrara por el tiempo que tarda en tomarse un café?

No obstante, no deja de ser una anécdota, como tantas otras, y no por eso hay que dudar de la solidaridad que existe en nuestra profesión, la cual debemos fomentar entre todos y que en este Despacho siempre se ha tenido con todos los compañeros que han solicitado nuestra colaboración y que no vamos a dejar de prestar, por estos casos aislados, que no deberían volverse a producir.

Elia Blanco
Zaballos Abogados

- MENOS PUÑETAS Y MAS PUÑETAZOS

2011-09-15T01:29:00.001+02:00

Con el fin de aclarar al lector el titulo de este artículo, será preciso exponer el significado que hoy pretendo dar a estas dos palabras que forman este sonado titulo:

Por puñetas, me refiero al verdadero significado de dicha palabra, esto es, al anacrónico adorno que figura en las mangas de las togas de Fiscales, Secretarios y Jueces. Pero mas concretamente, y en relación con este articulo, me refiero a las puñetas que portan los Secretarios y Jueces.

Y por puñetazos, me refiero a la acción de chocar el puño, sobre la mesa de las oficinas judiciales, por parte de quien mayor responsabilidad y legitimación tiene para ello. Para hacer que el personal de dichas oficinas cumpla eficazmente con su trabajo. (mandato constitucional)

Pues bien, aclarado esto, expongo el motivo de este articulo, cual es el derecho al pataleo que me asiste ante el mal funcionamiento generalizado de los Juzgados. Pataleo por mi indignación ante la desidia Judicial, entendida esta, como la falta de voluntad de la mayoría de los funcionarios de la justicia en cumplir con su responsabilidad, limitándose a vivir lo mejor que puedan, sin complicaciones, trabajando lo menos posible dentro de las prerrogativas de que les permite su estatuto. Y esta, no es una circunstancia que me hayan contado porque me pille de lejos. Sino que es una experiencia profesional que sufro todos los días por mi condición de abogado, y que cada vez llevo peor aceptarla.

No voy a realizar la ingente tarea de enumerar las variadas manifestaciones de esa desidia judicial que nos afecta a todos los que trabajamos con la Justicia, pues para ello solo bastaría poner en el buscador de nuestro PC, las palabras desidia judicial, para ver lo que se cuece.

Esta circunstancia no es baladí, pues no solo afecta a profesionales del Derecho que tenemos la necesidad de tratar con las oficinas judiciales a diario, sino que afecta con mas fuerza a los que tienen la necesidad de acudir a los Organos Judiciales para hacer valer sus legítimos derechos.

Unicamente y a los solos efectos de poner un ejemplo reciente, me voy a referir a la atención que me han dispensado en uno de los Juzgados de Instrucción de la provincia de Madrid en estas fechas de verano, con ocasión de un asunto penal concreto.

Pues bien resulta que, habiéndonos personado debidamente en nombre de un cliente en una causa abierta en uno de los Juzgados de Instrucción de Navalcarnero, y después de haberme desplazado hasta dicha localidad el dia 19 de agosto, para poder tener acceso a las actuaciones por los hechos ocurridos el dia 12 de agosto, que presumiblemente iban a tramitarse por diligencias urgentes, resulta que, cuando me dirigí al Juzgado correspondiente, de 8 ó 9 puestos de trabajo que habia a la vista, solo dos estaban ocupados por personal, y cuando pregunté quien llevaba un asunto penal, me dijeron que la otra compañera.

Eso si, la radio estaba puesta con música y había fotografías, carteles reivindicativos de los derechos del funcionario, y frases ocurrentes colgados por todo el mobiliario de la oficina judicial.

Dicha compañera, se encontraba hablando por teléfono y no de cuestiones de trabajo precisamente, pues después de esperar y esperar a que me atendiera, y posicionarme frete a ella a ver si se daba por aludida que la estaba esperando, pude oir como hablaba por telefono de las vistas del hotel y de que la playa no tenía apenas olas y le gustaba para otro año. Al final, después de unos 20 minutos esperando, me atendió pero no me pudieron entregar las actuaciones porque me dijo que no estaban registradas al encontrarse la mayoría del personal de vacaciones.

Esta fue la explicación del personal del Juzgado. Ahora si, como solución me propusieron que llamara en una semana a ver si ya estaban registradas. Y, lo que es peor aun, se quedaron tan frescos.

Con lo que me tuve que marchar del Juzgado de vacío, después de desplazarme allí para ver unas actuaciones que, en teoría y según dijeron a mi cliente, se tramitarían por diligencias urgentes de juicio rápido..

Es inaudito que una de la justificación a las negativas para atenderte en los Juzgados cuando vas a realizar tu trabajo, sea la tan conocida frase: “es que quien lo lleva está de vacaciones”. Ya no hablo de la espera de casi una hora para que vuelva de desayunar el funcionario que lo lleva, sino que me refiero a un entorpecimiento mas contumaz a tu trabajo, porque claro, al funcionario que está desayunando, lo podrás encontrar ese mismo dia aunque te toque esperar. Pero lo de las vacaciones, es indignante. Sobre todo, porque justificaban la imposibilidad de atenderme, en las fechas de agosto en las que nos encontrábamos. Como si fuese una circunstancia normal y totalmente justificada.

No quiero atacar ahora el anacronismo legal que permite cerrar literalmente los Juzgados de Instancia, y otros, durante el mes de agosto, pues esta es otra de las múltiples manifestaciones del mal funcionamiento de la Justicia, pero de la que no tienen responsabilidad directa los que mas son objeto de esta critica hoy.
No obstante lo cual, recordemos que el mes de agosto es totalmente hábil para cuestiones relacionadas con el orden Penal, como era mi caso.

Pues bien, esto no acabó aquí. Pues llegados los primeros dias de septiembre, ya superado el parón vacacional de agosto, en el que las oficinas judiciales estaban prácticamente desiertas, resulta que en esta localidad son las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Concepción, y aunque no son fiestas laborales todos los dias, es el motivo y justificación perfecta para que ni siquiera descuelguen el telefono en el Juzgado. Tienen horario reducido, o han tomado vacaciones los funcionarios que son del lugar para disfrutar de sus fiestas, o han tomado sus dias moscosos, o yo que sé……, en fin, que el hecho de que termine agosto, no significa que el Juzgado comience a funcionar (a su ritmo).

De los dias de programación de fiestas, realmente el jueves 8 de septiembre fue el unico dia festivo en esta localidad, no laborable, pero claro, ¿Cómo va a ser que el viernes 9 esté el Juzgado funcionando?, es demasiado ambicioso pensarlo, sobre todo, teniendo en cuenta el magnifico puente que supone para estos funcionarios. El caso es que el viernes 9, a pesar de ser lectivo, nadie atendió el teléfono en el Juzgado.

Ayer, 12 de septiembre lunes, por fin me han atendido el teléfono en el Juzgado, pero para no variar, no me pudieron atender mi consulta, porque la funcionaria que me ha atendido el teléfono me ha dicho la tan manida frase. Si, la misma que estáis pensando: (“es que la persona que lo lleva está de vacaciones”). Pero en este caso, no me he dado por vencido y la he contestado diciendo que por favor me atendiera otra persona de la sección penal del Juzgado, a lo cual, me ha dicho que imposible, “que para cualquier información me tenía que personar en el Juzgado”. (a pesar de haber informado que me suponía desplazarme desde la provincia de Toledo)

El resultado final de todo esto es que hoy, dia 13 de septiembre de 2011, no puedo tener acceso a unas actuaciones judiciales, del orden penal, respecto de unos hechos que ocurrieron el dia 12 de agosto, a pesar de estar detrás de ello a diario desde el día en que nos personamos el pasado día 19 de agosto.

Lo último al respecto, es lo ocurrido hoy dia 13/09/2011. Y es que después de desplazarme hasta la población del Juzgado en cuestión, cuando hablo con la funcionaria, la informo de todo y la dejo ver nuestra designación de Letrados en el asunto, me dice que si, pero que no me puede dejar las actuaciones y mucho menos darme copia porque no tiene proveído nuestra personación (del 19 de agosto pasado). Pues provéelo, la digo. Es que se necesita la firma de la Juez, me dice. Pues que lo firme, la digo. Es que está pasando vistas. Bueno, pues me quedo aquí hasta que termine y se lo comentamos, la digo. En esto que se la ocurre llamar por teléfono a la oficial que lo lleva realmente (la que esta de vacaciones) y no so como tuve la suerte de que finalmente, accedió y me dejó ver las actuaciones y tomar copias de ellas. Eso si, me las tuve que hacer yo.

No siendo esta la mayor falta de eficacia judicial que he tenido la mala suerte de sufrir, si que es la mas reciente. Y esto quiero que se observe también, como un ejemplo de cotidianeidad, del alcance de la frecuencia con que se repiten este tipo de disfunciones en el funcionamiento de la Justicia. Seguro que si este artículo lo escribiera 15 días o un mes mas tarde, tendría otra anomalía mas reciente para contar.

En fin, como he dicho antes, no se trata ahora de relatar las innumerables faltas de la atención debida por el personal del Juzgado, que en ocasiones afecta muy significativamente al Derecho Fundamental a la Tutela Judicial Efectiva, sino que lo que pretendo es desahogarme con un pequeño tirón de orejas a los que en mayor medida, pueden intervenir en evitar estos problemas, esto es: Los Jueces y Juezas que como jefes de la oficina judicial, deben ser un ejemplo para los demás, y sobre todo, deben fomentar la eficacia de sus subordinados, desde el Secretario hasta el último auxiliar.

De forma que lo que critico de los Jueces, es su falta de responsabilidad respecto al funcionamiento eficaz del Juzgado al que están adscritos. Como por otra parte les corresponde desde su responsabilidad. Poniendo todos los medios necesarios para conseguir tal fin, aún sabiendo que existen imponderables que van más allá del alcance de actuación de los Jueces. Y si para ello fuera menester dar algún puñetazo sobre la mesa, pues que así se haga.

Pero me temo mucho, que esto no está entre las prioridades de sus Señorías, por otro lado, tan bien retribuidas. Salvadas honrosas excepciones, la mayoría se dedica a solicitar el destino mas conveniente y a ir solventando el dia a dia de la forma mas liviana para ellos, sin asumir grandes responsabilidades en su trabajo y sin comprometerse con el debido funcionamiento de los funcionarios que de él dependen directamente, aunque para ello, se afecten los legítimos derechos de los justiciables.

Para ello, sería preciso en primer lugar y como exigencia mínima, que los propios Jueces y Secretarios fueran el ejemplo del resto del personal de las oficinas judiciales.

Para ello, no es de recibo que algunos lleguen al Juzgado a las 10 de la mañana (de ordinario) y con mucha calma. Cuando no lo hacen después de tener un señalamiento y estar el resto de profesionales allí esperando.

Ni son ejemplos cuando se van a desayunar todos juntos: Jueces y Secretarios de los Juzgados de una misma plaza, tirarse 40 minutos al sol de la terraza del bar charlando de sus vacaciones, y después, acompañarse hasta la puerta del Juzgado y tirarse otros 5 ó 10 minutos despidiéndose, y diciendo que “ahora subo a la oficina, muevo un poco los papeles y carpetazo, bajamos al aperitivo”,

De esta forma, el resto de personal se contagia. Y se crea el sentimiento de que esto es Jauja. No hay problema. Todo el mundo lo hace. Nadie me va a controlar.

Por todo, y….,

…..Con la venia de Sus Señorías; Y con el debido respeto:

Sería deseable que se dedicaran a dar “más puñetazos sobre la mesa de sus Juzgados”, y menos al lucimiento de sus puñetas.

P.D., Animo y fuerza para no callar: desde este despacho de ZABALLOS NO CALLAMOS, lo que entendemos que es injusto, y os animamos compañeros a no dejarlo en comentarios de pasillos.

Os paso un enlace donde podéis ver regulación sobre lo que trato, y las posibilidades que tenemos los profesionales, y también animando a los justiciables afectados por esta desidia judicial para reclamar.

http://noticias.juridicas.com/articulos/60-Derecho%20Procesal%20Civil/200108-4551727610152071.html

José Carlos López Briones
Zaballos Abogados

- LA IGUALDAD ANTE LA LEY DE VIOLENCIA DE GENERO

2011-09-15T01:23:00.002+02:00

En el año 2004 se aprobó la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y desde entonces los letrados que llevamos especializados en este tipo de materias como abogados penalistas hemos experimentado una serie de circunstancias profesionales que nos han llamado seriamente la atención.

La primera de ellas tiene lugar cuando ponemos en relación lo dispuesto con el art. 14 de la Constitución Española DERECHO A LA IGUALDAD SIN QUE PREVALEZCA RAZON ALGUNA DE DISCRIMINACION POR RAZON DE SEXO, EDAD, RELIGION…ETC. Si bien es cierto lo que recoge este precepto constitucional este letrado desde su experiencia diaria en los Juzgados y Tribunales se pregunta ¿ DONDE ESTA QUE HA SIDO DE ELLA, refiriéndome a la Igualdad, esa igualdad que debe prevalecer en todo momento, sin embargo queridos compañeros y lectores de nuestra web esto no es cierto es una Utopia, pues observamos que en la práctica, cuando se denuncia un caso de violencia de género, SE PROCEDE A LA DETENCION INEMDIATA DEL SUJETO SIN HABER SIDO OIDO EN JUICIO Y HABIENDOSE VULNERADO SU DERECHO A LA PRESUNCION DE INOCENCIA: Entonces nos preguntamos donde está la Igualdad?.

Porque cuando se ha demostrado la Inocencia de un hombre acusado de malos tratos, abusos deshonestos,,,,etc y se interpone denuncia contra la mujer por denunciar hechos que luego no prueba, no se persigue con la misma dureza que contra un hombre? ¿Dónde está entonces la Igualdad? ¿Porque cuando se detecta que una mujer ha denunciado falsamente unos hechos no se le imputa delito de denuncia falsa?.

Desde Zaballos Abogados como profesionales del Derecho, nos hacemos la pregunta siguiente. ¿ PORQUE EL MINISTERIO FISCAL Y EL JUEZ TENIENDO LA POTESTAD DE ABRIR DILIGENCIAS CUANDO ES DETECTADA UNA DENUNCIA FALSA NO LO HACE? . Resumiendo con esta reflexión y como profesionales, la respuesta viene dada por el hecho de que la Justicia está saturada, se atienden casos en los que realmente nunca ha existido tal violencia y por el otro se desatienden los verdaderos casos de violencia de género, y lo peor es que SE PRODUCE UN VERDADERO AGRAVIO COMPARATIVO DANDO CREDIBILIDAD A AQUELLAS DENUNCIAS QUE NO LO MERECEN Y SE VULNERA EL DERECHO A LA PRESUNCION DE INOCENCIA ANTE UNOS HECHOS QUE NO HAN SIDO PROBADOS.

Sin duda alguna es el momento de que acostumbremos a la Justicia a fomentar la imputación por denuncias falsas de aquellas personas que las presenten, y de esta forma conseguiremos que la Justicia quede depurada y no se sature.

Es una reflexión a la que invito a todos ustedes.

Fdo. Daniel Casillas Grech
Zaballos Abogados Gestores.

- EL DELITO FISCAL: CONSIDERACIONES LEGALES

2011-09-15T01:20:00.001+02:00

En este tipo de delitos, la primera pregunta que uno debe hacerse es ¿ cual es el bien jurídico que protege el Código Penal en el delito fiscal? Pues bien la respuesta la encontramos en la Jurisprudencia, por un lado la del Tribunal Supremo entiende que se trata de un delito encuadrado dentro de los delitos de orden socioeconómico que atenta contra los intereses patrimoniales del Estado o de las entidades autonómicas y locales.

Por otro lado nos encontramos con una corriente de sentencias del Alto Tribunal en el que se defiende que estamos ante un delito de resultado que requiere para su perfección un perjuicio económico. Expuesto lo anterior la conclusión que sacamos en cuanto a que se protege con esta actuación delictiva es que:

Se entiende que el bien jurídico protegido debe ser el interés de la Hacienda Pública como órgano titular de la función financiera del Estado. Por tanto abarca no solo el objeto material de la función tributaria sino la actividad administrativa que realiza la Hacienda Pública en el desempeño de su función, en la actividad tributaria, como garante en la gestión de los fondos públicos, procedimientos de gestión, liquidación, inspección y recaudación del crédito tributario y aquella propiamente financiera.

Se consideran autores de este delito tanto al contribuyente, y por tanto el obligado al pago y al cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Pública. Y el Código Penal recoge como conductas tipificadas del delito fiscal las ss:

- La defraudación efectuada mediante la elusión de pago de tributos, retenciones e ingresos a cuenta

- La defraudación mediante la obtención indebida de devoluciones

- La defraudación mediante el disfrute ilícito de beneficios fiscales

En este sentido deben concurrir los 3 requisitos para que estemos hablando del DELITO FISCAL:

.- Que se produzca la elusión del pago de un tributo o de pagos a cuenta, el disfrute indebido de beneficios fiscales y la obtención indebida de devoluciones tributarias.

.- Que la cuantía de lo defraudado o eludido sea de 120.000 Euros

.- Que exista dolo o intención de defraudar.

Desde Zaballos Abogados como profesionales del Derecho y con plena dedicación a nuestros clientes que demandan a diario nuestra ayuda, entendemos que tratándose de un delito grave por la repercusión fiscal que conllevan estos delitos, EL CIUDADANO TIENE DERECHO A QUE SE LE DEFIENDA Y UN PROCESO JUSTO CON LAS DEBIDAS GARANTIAS,. Principio en el que creemos sin lugar a dudas y que aplicamos en todos y cada uno de los casos que defendemos, siendo nuestra máxima preocupación la defensa del cliente que es el que depòsita nuestra confianza y es lo que nos hace cada dia ser los mejores.

Fdo. D. Daniel Casillas Grech
ZABALLOS ABOGADOS

- EL BLANQUEO DE CAPITALES EN ESPAÑA

2011-09-15T01:19:00.001+02:00

Este delito se encuentra tipificado en los arts. 301 a 304 del Código Penal, dentro del capítulo XIV del Título XIII del Libro II, denominado “ DE LA RECEPTACION Y OTRAS CONDUCTAS AFINES”.

La finalidad de este tipo delictivo es la de “ sancionar las conductas que implican directa o indirectamente la ocultación, transformación o aprovechamiento de los bienes o capitales que provengan del delito”.

El art. 301 del Código Penal establece que:

“El que adquiera, convierta o transmita bienes, sabiendo que estos tienen su origen en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos los Jueces y Tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuera temporal, su duración no podrá exceder de 5 años.

Así pues las conductas integradoras del tipo penal son las ss:

1.- Adquirir, convertir o transmitir bienes, sabiendo que provienen de la realización de un delito grave

2.- Realizar actos que procuren ocultar o encubrir ese origen.

3.- Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito base ( que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.

4.- Ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos a sabiendas de su procedencia ilícita

La nueva figura del BLANQUEO DE CAPITALES se encuadra dentro de los delitos socioeconómicos y bajo la denominación de la Receptación y otras conductas afines. Este tipo de delitos se asocia en la mayoria de los casos en delitos de Tráfico de Drogas, Prostitución, Delincuencia Organizada, Tráfico de Armas,,,,etc. Y gozan de una amplia y estricta regulación tanto en España como en Europa.

Por eso desde Zaballos Abogados, los profesionales que nos dedicamos a esta materia, entendemos que por muy grave que sea este delito NO PODEMOS VULNERAR EL DERECHO A LA DEFENSA QUE TIENE TODO JUSTICIABLE, y que TODO EL MUNDO TIENE DERECHO A UN PROCESO CON LAS DEBIDAS GARANTIAS SIN QUE SE LE CAUSE INDEFENSION ALGUNA, principio básico del Derecho Penal consagrado en el art. 24 de la Constitución Española.

Principio en el que creemos y aplicamos en nuestro quehacer diario esforzándonos cada día en ser los mejores y prestar el mejor servicio a nuestros clientes.

Fdo. D. Daniel Casillas Grech
ZABALLOS ABOGADOS.